Tutela de Luis Fernando Velasco sacude el escándalo de corrupción en la UNGRD
Un nuevo capítulo se abre en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, presentara una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia en la que denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales.
El exfuncionario, quien se encuentra privado de la libertad desde el 18 de diciembre de 2025, cuestiona en su recurso judicial las decisiones adoptadas en su contra dentro del proceso penal que lo vincula con una presunta red de corrupción al interior del Estado.
Reclamo por vulneración de derechos
En la tutela, Velasco sostiene que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa. La acción está dirigida contra la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó su encarcelamiento.
Según el exministro, la decisión de imponer una medida de aseguramiento intramural no tuvo en cuenta las garantías procesales necesarias, lo que motivó la presentación del recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso ya fue asignado al magistrado Hugo Bernate, quien ha comenzado a recopilar los conceptos emitidos por las entidades involucradas, entre ellas la propia UNGRD, el Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.
Una captura que generó controversia
La detención de Velasco se produjo en medio de un fuerte debate jurídico, ya que la Fiscalía General había solicitado que se le concediera detención domiciliaria. Sin embargo, la magistrada Rosero consideró que, por la gravedad de los cargos, el exministro representaba un peligro para la sociedad y podía interferir en la administración de justicia.
Esta decisión marcó un giro en el proceso y derivó en su reclusión en un centro carcelario, donde permanece desde finales de 2025.
Los delitos que enfrenta
Luis Fernando Velasco enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en delitos como concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, el exministro habría integrado una estructura criminal que operó desde altas esferas del Gobierno para direccionar contratos públicos a cambio de beneficios políticos.
El escrito de acusación, presentado el 30 de abril de 2026, señala que Velasco, junto con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, habría liderado una organización que buscaba asegurar mayorías en el Congreso mediante la asignación irregular de contratos.
La hipótesis de la Fiscalía
Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño González, ambos exministros “lideraron, promovieron y coordinaron” una red que manipulaba la contratación estatal, particularmente a través de entidades como el Invías y la UNGRD.
La investigación apunta a que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habrían concertado acciones para favorecer a congresistas mediante la asignación de cupos indicativos y contratos, a cambio de respaldo político a proyectos del Gobierno.
Uno de los elementos clave en el expediente son registros de cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, que evidenciarían reuniones entre funcionarios y congresistas en momentos estratégicos para la toma de decisiones legislativas.
Reuniones bajo la lupa
Entre los nombres mencionados en la investigación figuran congresistas como Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes habrían asistido a reuniones en las que se discutían temas relacionados con la asignación de contratos y recursos.
De acuerdo con las indagaciones, estos encuentros se habrían llevado a cabo en el despacho del entonces ministro Ricardo Bonilla, donde también participaban asesores y otros funcionarios del Gobierno.
Un proceso con alto impacto político
El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, debido a la magnitud de los recursos comprometidos y a la participación de altos funcionarios del Gobierno.
La tutela presentada por Velasco podría tener implicaciones importantes en el desarrollo del proceso, especialmente en lo relacionado con las garantías judiciales y la legalidad de las decisiones adoptadas hasta ahora.
Lo que viene en el proceso
La Corte Suprema deberá analizar los argumentos presentados por la defensa del exministro y determinar si efectivamente se vulneraron sus derechos fundamentales.
Mientras tanto, el proceso penal continúa su curso, con la expectativa de nuevas revelaciones y decisiones que podrían definir el futuro judicial de Velasco y de los demás implicados en este entramado de corrupción.
El desenlace de este caso no solo tendrá consecuencias jurídicas, sino también políticas, en un momento clave para el país en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
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