A pocos días de cumplirse 40 años de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que reabre las heridas del desastre natural más devastador en la historia reciente de Colombia. El documento, titulado “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia”, concluye que el Estado aún no sabe quiénes ni cuántos fueron los sobrevivientes ni el paradero de las víctimas desaparecidas, especialmente de los más de 150 niños de los que no se volvió a saber nada desde 1985.
El estudio, de 128 páginas, fue presentado como un ejercicio de memoria histórica y evaluación institucional, y sostiene que las fallas en la atención, la reparación y el seguimiento a las víctimas se mantienen vigentes cuatro décadas después.
“El caso Armero constituye un referente ineludible para comprender los desafíos estructurales de la gestión del riesgo de desastres en Colombia”, señala la Defensoría. “A cuatro décadas del evento, persisten vacíos normativos, debilidades institucionales y falencias en la política pública que siguen afectando a las comunidades sobrevivientes”.
Una herida que sigue abierta
El 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó con el municipio de Armero, en el Tolima, dejando cerca de 25.000 personas muertas y miles de desaparecidos. La tragedia no solo marcó al país, sino que evidenció la falta de preparación y coordinación del Estado frente a emergencias de gran magnitud.
Cuarenta años después, los investigadores de la Defensoría encontraron que los sobrevivientes continúan enfrentando el abandono institucional, la pérdida de sus territorios y la desarticulación de sus comunidades.
“Los daños, la invisibilidad institucional y la ausencia de reparación efectiva no son hechos del pasado, sino condiciones presentes que siguen afectando el goce efectivo de derechos de miles de personas”, advierte el documento.
Los niños desaparecidos, una deuda pendiente
El informe pone especial énfasis en la falta de información sobre los niños desaparecidos de Armero, un tema que ha sido objeto de reclamos de familiares durante décadas.
“El Estado desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes a la tragedia, así como la población afectada”, se lee en una de las conclusiones más fuertes.
Además, la Defensoría señala vacíos en la titulación de tierras y viviendas otorgadas a los sobrevivientes, así como falta de claridad jurídica sobre los predios donde ocurrió la tragedia.
Lecciones no aprendidas
El informe concluye que la tragedia de Armero sigue siendo un símbolo de negligencia estatal, improvisación y olvido histórico, y subraya que las actuales políticas de gestión del riesgo deben fortalecerse para evitar que tragedias similares se repitan.
“Los sobrevivientes enfrentan trayectorias vitales marcadas por la fragmentación, la pérdida de referentes comunitarios y el desarraigo territorial”, precisa la Defensoría.
A cuatro décadas del desastre, la memoria de Armero continúa siendo una deuda moral y política del Estado colombiano con las víctimas y sus familias.
Con información de la Revista SEMANA y la Defensoría del Pueblo. Derechos reservados a sus respectivos autores.
