Superfinanciera abre investigaciones a AFP por traslados a Colpensiones
La Superintendencia Financiera de Colombia anunció este jueves 14 de mayo el inicio de investigaciones formales contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por presuntas demoras en el traslado de recursos hacia Colpensiones. La decisión se produce luego de las fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a algunos sectores de la banca privada de retener ilegalmente los ahorros de miles de trabajadores colombianos.
La entidad de vigilancia confirmó que las indagaciones buscan establecer si los fondos privados incumplieron con la transferencia de recursos correspondientes a afiliados que decidieron trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media administrado por Colpensiones y que ya consolidaron su derecho pensional.
Según explicó la Superintendencia Financiera, actualmente el monto de los recursos pendientes por trasladar asciende a 8,7 billones de pesos. Estos dineros pertenecen a 32.803 afiliados que ya cumplieron los requisitos para pensionarse. De ese total, 24.331 personas ya reciben su mesada pensional a través de Colpensiones.
La entidad indicó que las investigaciones hacen parte de sus funciones de supervisión y control sobre el sistema financiero colombiano, especialmente en un momento de alta tensión alrededor de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Nacional.
“La Superintendencia Financiera de Colombia inició hoy investigaciones sobre el traslado de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones a Colpensiones correspondientes a los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado del régimen privado al de prima media y que ya consolidaron su derecho pensional”, señaló el organismo mediante un comunicado oficial.
Suspensión del Decreto 415 de 2026
Uno de los elementos centrales de la controversia gira en torno al Decreto 415 de 2026, normativa que establecía las condiciones y los plazos para ejecutar el traslado de dichos recursos desde las AFP hacia Colpensiones.
Sin embargo, la Superfinanciera recordó que esta norma se encuentra suspendida temporalmente debido a decisiones del Consejo de Estado emitidas el 28 de abril y el 11 de mayo de 2026. Estas medidas judiciales frenaron la aplicación del decreto mientras se analiza su legalidad y alcance constitucional.
La suspensión ha generado incertidumbre tanto en el sistema pensional como entre los trabajadores que realizaron el proceso de traslado esperando que sus recursos fueran transferidos de manera inmediata.
A pesar de ello, el Gobierno Nacional mantiene una postura firme frente al cumplimiento de los derechos de los afiliados y ha insistido en que los fondos privados deben garantizar el traslado oportuno de los recursos.
Petro acusa a la banca privada
Horas antes del anuncio de la Superfinanciera, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra las AFP y algunos sectores financieros, asegurando que existe un intento de apropiarse de los ahorros de los trabajadores.
A través de sus declaraciones, el mandatario afirmó que la ley es clara respecto al deber de devolver los recursos acumulados por los afiliados que deciden cambiarse al sistema público administrado por Colpensiones.
“No, señor, la ley que establece la transición de un trabajador del sistema de ahorro individual al sistema de prima media ordena devolver el ahorro de los trabajadores del fondo pensional de ahorro individual al fondo que escoja libremente el trabajador. Así que no se puede encubrir el robo que propietarios de la banca privada pretenden hacer”, manifestó Petro.
Las palabras del jefe de Estado aumentaron la presión política y mediática sobre las AFP, en medio del debate nacional sobre el futuro del sistema pensional colombiano y la implementación de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Qué podría pasar con las AFP
La apertura de investigaciones no implica automáticamente sanciones contra las administradoras privadas, pero sí abre la puerta a eventuales medidas administrativas si la Superintendencia encuentra incumplimientos normativos.
Entre las posibles consecuencias podrían estar multas económicas, órdenes de cumplimiento inmediato e incluso nuevas medidas regulatorias destinadas a proteger a los afiliados y garantizar la estabilidad del sistema financiero.
La Superfinanciera aseguró que las investigaciones permitirán “tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano”.
Expertos consideran que este proceso podría marcar un precedente importante en la relación entre el Estado y los fondos privados de pensiones, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer el papel de Colpensiones dentro del modelo pensional del país.
Crece la incertidumbre en los afiliados
Mientras avanza la disputa entre el Gobierno y las AFP, miles de trabajadores permanecen atentos al futuro de sus recursos y al cumplimiento de los traslados solicitados.
Muchos afiliados temen que la suspensión del decreto y las investigaciones generen retrasos adicionales en sus procesos pensionales, especialmente quienes ya se encuentran recibiendo pagos por parte de Colpensiones.
La controversia también reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano, la confianza en los fondos privados y el alcance de las reformas propuestas por el presidente Petro.
Por ahora, la Superintendencia Financiera continuará recopilando información y evaluando las actuaciones de las AFP para determinar si existieron irregularidades en la retención o demora de los recursos destinados a Colpensiones.
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