Salario mínimo: ¿puede bajar o subir? Petro convoca a las calles tras decisión del Consejo de Estado

El debate sobre el salario mínimo en Colombia vuelve a encender el escenario político y económico del país. El presidente Gustavo Petro se dirigió a la nación este domingo en una alocución de 20 minutos para responder a la decisión del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23,7 % para 2026.

La decisión judicial no implica, de manera automática, que el salario mínimo deba bajar. Lo que ordena el alto tribunal es que el Gobierno expida, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto que establezca un incremento transitorio mientras se emite sentencia definitiva dentro del proceso. En otras palabras, el aumento queda en pausa y debe ser técnicamente sustentado bajo nuevos criterios.

Petro defiende el “salario vital”

En su intervención, el jefe de Estado aseguró que el incremento decretado responde a la necesidad de garantizar un “salario vital”, concepto que, según explicó, se basa en la jurisprudencia constitucional y en la protección de los derechos laborales establecidos en la Carta Política.

Petro sostuvo que durante los primeros años de su mandato se realizaron incrementos reales del 17 % y 18 %, y que el aumento del 23 % para el último año de gobierno busca cerrar la brecha histórica del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. En su argumento, el mandatario señaló que la medida se encuentra alineada con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y con precedentes de la Corte Constitucional.

Además, el presidente enfatizó que, en su opinión, el salario mínimo no ha generado un efecto inflacionario significativo. Citó cifras recientes que muestran que la inflación de enero creció 0,25 %, y atribuyó ese comportamiento a factores como el alza en tasas de interés y el encarecimiento estacional de algunos alimentos.

El fallo y los criterios económicos

El auto del Consejo de Estado establece que el nuevo decreto deberá considerar los indicadores contemplados en la Ley 278 de 1996, tales como inflación, productividad y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, exige que la cifra final esté respaldada por un razonamiento cuantitativo claro y verificable.

En este contexto, el Gobierno deberá presentar una argumentación técnica más detallada que sustente el porcentaje de incremento, lo que anticipa una discusión intensa en la mesa de concertación salarial que inicia este lunes con representantes del movimiento sindical y del sector empresarial.

Reacciones desde el sector económico

Las palabras del presidente no tardaron en generar respuestas. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó el enfoque del Gobierno y afirmó que los datos evidencian un repunte inflacionario. Según Restrepo, el incremento de precios en comidas fuera del hogar, transporte, bebidas y servicios de salud afecta de manera más severa a la clase media y a los sectores vulnerables.

Para los gremios empresariales, el aumento podría generar presiones adicionales sobre el empleo formal y sobre los costos operativos de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los sindicatos respaldan la postura presidencial, argumentando que el salario mínimo aún no cubre plenamente la canasta básica familiar.

¿Puede bajar o subir el salario mínimo?

La pregunta central es si el salario mínimo puede bajar o incluso subir más. Jurídicamente, el nuevo decreto podría modificar la cifra inicialmente establecida, siempre que esté sustentado en los indicadores exigidos por la ley y la decisión judicial. No obstante, Petro dejó claro que no contempla una reducción.

“El salario vital se mantiene”, afirmó el mandatario, al tiempo que anunció la convocatoria a movilizaciones el próximo 19 de febrero en plazas públicas del país para respaldar la medida.

En la práctica, el resultado dependerá del equilibrio entre el análisis técnico y la negociación política en la mesa de concertación. Si los indicadores económicos muestran variaciones significativas, el porcentaje podría ajustarse. Sin embargo, cualquier decisión deberá respetar tanto los parámetros legales como el fallo provisional.

Claves del debate económico

El trasfondo del debate combina elementos jurídicos, técnicos y políticos:

• Inflación: ¿El incremento salarial presiona al alza los precios?

• Productividad: ¿El crecimiento económico respalda el aumento?

• Empleo formal: ¿Podría afectar la generación de puestos de trabajo?

• Poder adquisitivo: ¿Compensa realmente el costo de vida?

La discusión ocurre en un momento clave para la economía colombiana, con señales mixtas en indicadores macroeconómicos y un entorno internacional incierto.

Un pulso político en año preelectoral

Más allá del componente técnico, el debate sobre el salario mínimo adquiere una dimensión política. Petro ha convertido el “salario vital” en una bandera de su administración, mientras que la oposición advierte riesgos fiscales y de mercado.

La convocatoria a las calles introduce un elemento de presión social que podría influir en el tono de las negociaciones. El inicio de la mesa de concertación marcará el rumbo inmediato de la discusión y definirá si el nuevo decreto mantiene el espíritu del incremento inicial o si ajusta el porcentaje en función de los criterios económicos exigidos.

Por ahora, el salario mínimo no ha bajado, pero tampoco está firme en el nivel decretado originalmente. El país entra en una semana decisiva donde el Gobierno deberá presentar cifras, sustentar su decisión y buscar consensos en medio de un clima político cada vez más polarizado.

El desenlace no solo impactará el bolsillo de millones de trabajadores, sino también la estabilidad económica y la narrativa política del Gobierno en la recta final de su mandato.

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