Salario mínimo 2026: Petro presenta decreto transitorio ante el Consejo de Estado
El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el decreto transitorio del salario mínimo legal mensual vigente para 2026 ante el Consejo de Estado, cumpliendo así con el plazo de ocho días calendario que le había otorgado el alto tribunal para sustentar técnica y económicamente el incremento del 23% decretado en diciembre de 2025.
El anuncio se realizó este 19 de febrero en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde el mandatario aseguró que el nuevo documento incorpora estudios “técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia”, con el fin de ajustarse a los lineamientos constitucionales y responder a los cuestionamientos jurídicos.
“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando”, afirmó el jefe de Estado durante su intervención pública.
El contexto: la exigencia del Consejo de Estado
El Consejo de Estado había solicitado al Gobierno nacional justificar los criterios utilizados para establecer el aumento del salario mínimo en 2026. El alto tribunal pidió explicar cómo, con una inflación de 5,10% en 2025, una meta inflacionaria del 3%, una productividad de 0,91% y un crecimiento económico inferior al 3%, el incremento salarial alcanzó el 23%.
El requerimiento judicial se convirtió en un punto clave del debate económico nacional, pues diversos sectores empresariales y analistas cuestionaron la proporcionalidad del aumento frente a los indicadores macroeconómicos.
Ante este escenario, la Casa de Nariño elaboró un decreto transitorio que amplía la argumentación jurídica y económica del ajuste, apoyándose en el concepto de salario “vital y móvil” consagrado en la Constitución.
El concepto de salario vital y móvil
El documento presentado por el Gobierno retoma el artículo 53 de la Constitución Política, que establece el carácter “vital y móvil” del salario mínimo. Según el decreto, el salario vital no se limita a una cifra básica de subsistencia, sino que debe garantizar condiciones de vida dignas para el trabajador y su núcleo familiar.
“El salario vital se entiende como una expresión del contenido material del principio de remuneración mínima, en cuanto alude a la suficiencia del ingreso laboral para contribuir a la garantía de condiciones de vida dignas”, señala el texto oficial.
Además, el Gobierno enfatiza el carácter “móvil” del salario mínimo, lo que implica su ajuste periódico conforme a las variaciones económicas y sociales que impactan el poder adquisitivo de los trabajadores. Bajo esta interpretación, el incremento no solo responde a la inflación anual, sino a una visión estructural de recuperación del ingreso real.
Variables económicas consideradas
En su argumentación, el Ejecutivo sostiene que el aumento del salario mínimo atiende a múltiples variables:
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Evolución de la inflación.
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Productividad laboral.
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Crecimiento económico.
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Participación de los salarios en el ingreso nacional.
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Costo de la canasta vital.
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Tamaño promedio de los hogares.
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Principios de justicia social y progresividad de los derechos laborales.
El Gobierno destaca que la inflación ha mostrado una desaceleración significativa en los últimos años, pasando de 13,3% a finales de 2022 a 5,1% en 2025. Asimismo, resalta que el crecimiento económico alcanzó 3,65% al tercer trimestre de 2025, cifra que —según el decreto— supera el promedio de los países de la OCDE.
Con base en estos indicadores, el Ejecutivo argumenta que el incremento salarial busca preservar la suficiencia material del ingreso laboral y fortalecer la demanda interna como motor de la economía.
Más allá de lo económico: justicia social y equidad
Uno de los ejes centrales del decreto es que la fijación del salario mínimo no debe obedecer exclusivamente a criterios económicos. El texto señala que también debe armonizar la libertad de empresa con la justicia social y la equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo.
“La actividad productiva debe orientarse a la generación de valor económico compatible con la protección del trabajo humano y la realización efectiva del Estado Social de Derecho”, detalla el documento.
El presidente Petro afirmó que este sería “el primer salario vital de la historia de Colombia o por lo menos desde la Constitución de 1991”, subrayando que el ajuste responde a una interpretación integral del mandato constitucional.
Implicaciones y próximos pasos
Con la entrega del decreto transitorio, el Consejo de Estado deberá evaluar si la nueva sustentación cumple con los requisitos exigidos y si el incremento del 23% se ajusta a los parámetros legales y constitucionales.
El debate no solo es jurídico, sino también político y económico. Mientras el Gobierno defiende el aumento como un avance en materia de justicia social y recuperación del poder adquisitivo, sectores empresariales advierten sobre posibles efectos en la inflación, el empleo formal y la sostenibilidad fiscal.
En cualquier caso, el decreto transitorio marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el salario mínimo en Colombia, al introducir una interpretación amplia del concepto de salario vital y móvil y al poner en el centro del debate la relación entre crecimiento económico, equidad y dignidad laboral.
El fallo que adopte el Consejo de Estado será determinante para el futuro inmediato del salario mínimo en 2026 y para el alcance de la política laboral del Gobierno Petro en los próximos meses.
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