RTVC confirmó contratos por casi $23.000 millones en medio de investigación que salpica a Verónica Alcocer
Fiscalía indaga esquema de contratación que habría beneficiado a maquillador y fotógrafo vinculados a la ex primera dama
Una nueva controversia sacude al sistema de medios públicos colombiano. RTVC confirmó la suscripción de contratos que suman cerca de 23.000 millones de pesos, celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi).
Según denuncias conocidas por la Fiscalía, estos contratos habrían beneficiado indirectamente a un maquillador y a un fotógrafo que, presuntamente, estaban al servicio de la entonces primera dama, Verónica Alcocer.
La investigación se conoce en un contexto en el que la Contraloría General de la República encendió alertas por el incremento en la contratación estatal previo a la entrada en vigor de restricciones asociadas a la Ley de Garantías.
El esquema contractual bajo la lupa
De acuerdo con documentos en poder de la Fiscalía, el modelo utilizado consistió en un convenio interadministrativo entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y RTVC. Posteriormente, RTVC suscribió contratos con la cooperativa Savi bajo la figura de administración delegada, y esta, a su vez, vinculó como terceros al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez.
RTVC respondió mediante derecho de petición que la relación contractual directa fue con la cooperativa Savi, no con las personas naturales señaladas. “La persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi)”, indicó la entidad en su comunicación oficial.
El primer contrato se firmó en septiembre de 2022, un mes después de la posesión del presidente Gustavo Petro. Ese acuerdo, por un periodo de tres meses, tuvo un valor de 1.214 millones de pesos y fue ejecutado bajo el mismo esquema de intermediación.
Posteriormente, ese mismo año, se suscribió otro contrato por 1.921 millones de pesos, también canalizado a través de la cooperativa. En los primeros meses de gobierno, los montos destinados bajo esta modalidad superaron los 3.130 millones de pesos.
Contratos millonarios en 2023 y 2024
Durante 2023, los contratos incluyeron simultáneamente al maquillador y al fotógrafo en un mismo acuerdo que alcanzó los 5.549 millones de pesos. Ese mismo año se firmó otro contrato adicional por 1.792 millones, elevando la cifra anual a 7.341 millones de pesos.
Para 2024, el valor de un nuevo contrato bajo la modalidad de administración delegada ascendió a 8.000 millones de pesos. Según confirmó RTVC, este también fue suscrito con la cooperativa Savi, que vinculó a los mismos beneficiarios.
En el último semestre de 2025, se firmó otro contrato por 3.976 millones de pesos. La documentación interna del Canal Institucional de RTVC ratifica que tanto el maquillador como el fotógrafo mantenían vínculo contractual con la cooperativa.
Sumados, los contratos alcanzan una cifra cercana a los 23.000 millones de pesos.
Denuncia penal y posibles delitos
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el profesor y experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, quien sostiene que la modalidad de administración delegada puede reducir niveles de control y transparencia al permitir que la entidad pública transfiera la ejecución contractual a un intermediario.
Según el denunciante, esta figura podría abrir la puerta a un direccionamiento de recursos hacia contratistas específicos. En su escrito, advierte que el análisis preliminar podría tipificar el delito de estafa y otros delitos conexos, además de eventuales responsabilidades administrativas.
Uno de los puntos centrales de la denuncia se relaciona con el uso del nombre y la investidura de Verónica Alcocer. Portilla argumenta que, tras declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro sobre su estado civil —en las que señaló que llevaba varios años separado—, se pondría en entredicho el alcance institucional del rol que ejercía la ex primera dama o “gestora social”, como se le denominó en el Dapre.
“La simulación de actividades institucionales y la justificación formal de los contratos habrían servido como artificios para encubrir la atención exclusiva a la imagen personal”, sostiene la denuncia.
Contexto político y fiscal
El caso surge en medio de cuestionamientos más amplios sobre el crecimiento de la contratación estatal durante el actual gobierno. La Contraloría ha advertido sobre aumentos significativos en la ejecución presupuestal antes de periodos de restricción electoral.
Aunque hasta el momento no existe una imputación formal contra los señalados, la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas y en el análisis del esquema contractual. La denuncia solicita llamar a interrogatorio a Verónica Alcocer, al maquillador, al fotógrafo y a los representantes legales de la cooperativa Savi.
RTVC, por su parte, ha insistido en que actuó conforme a la normatividad vigente y que la relación contractual fue exclusivamente con la cooperativa bajo la modalidad legal de administración delegada.
Lo que sigue en la investigación
La Fiscalía deberá establecer si la figura contractual utilizada cumplió los principios de transparencia, economía y selección objetiva que rigen la contratación pública en Colombia. También evaluará si existió un posible detrimento patrimonial o si los servicios contratados respondían efectivamente a necesidades institucionales.
Mientras avanza el proceso, el caso abre un debate sobre los límites del uso de convenios interadministrativos y cooperativas de trabajo asociado en la ejecución de recursos públicos, así como sobre el control fiscal y disciplinario en este tipo de esquemas.
La polémica apenas comienza y podría convertirse en uno de los episodios más sensibles en materia de contratación estatal del actual gobierno.
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