Procuraduría fortalece vigilancia preventiva sobre Hidroituango
La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una nueva fase de vigilancia preventiva sobre la gestión del riesgo de desastres en el proyecto Hidroituango y en los municipios ubicados dentro de su área de influencia. La medida busca fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y locales frente a los retos que representan los eventos climáticos extremos y el funcionamiento de la principal central hidroeléctrica del país.
La decisión se conoce pocos días después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmara que Hidroituango cuenta con autorización para operar con la totalidad de su capacidad instalada, aunque mantiene exigencias relacionadas con la actualización de sus planes de contingencia y la gestión de riesgos.
Mesa técnica para evaluar la gestión del riesgo
Como parte del proceso de seguimiento, la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial realizó entre el 15 y el 17 de julio una mesa de trabajo y un recorrido técnico por las instalaciones del proyecto.
En la jornada participaron representantes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsables de la operación de la hidroeléctrica, así como integrantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.
El objetivo principal fue verificar el estado de los instrumentos de gestión del riesgo, revisar los protocolos existentes y fortalecer la articulación institucional con los municipios ubicados aguas abajo del embalse.
Hidroituango alcanza un avance superior al 95 %
De acuerdo con el informe presentado durante la reunión, el proyecto registraba al 31 de mayo de 2026 un avance físico del 95,70 %.
Actualmente, las unidades 1, 2, 3 y 4 se encuentran en operación comercial y aportan aproximadamente 1.200 megavatios (MW) al Sistema Interconectado Nacional.
Mientras tanto, continúan las obras correspondientes a las unidades 5, 6, 7 y 8, cuya construcción y montaje avanzan como parte de la fase final del proyecto hidroeléctrico.
La Procuraduría también confirmó que Hidroituango dispone de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, actualizado con corte a diciembre de 2025, documento que orienta las acciones de prevención y respuesta frente a posibles emergencias.
Seguimiento permanente desde 2020
El organismo de control recordó que el monitoreo sobre Hidroituango hace parte de una estrategia preventiva que se desarrolla desde la expedición de la Resolución 0018 de 2020.
Desde entonces, la Procuraduría ha promovido mesas técnicas con EPM, la Gobernación de Antioquia, el DAGRAN, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), CORANTIOQUIA y las administraciones municipales del área de influencia.
Según el balance oficial, durante este proceso se han realizado más de siete visitas técnicas y se han formulado 33 requerimientos dirigidos a fortalecer la gestión institucional y reducir los riesgos asociados al proyecto.
Persisten desafíos en varios municipios
Aunque el informe destaca avances importantes, también identifica desafíos en algunos municipios.
La Procuraduría señaló que aproximadamente el 82 % de las administraciones locales ya cuenta con sus respectivos Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y con estrategias de respuesta a emergencias actualizadas.
Sin embargo, persisten rezagos relacionados principalmente con limitaciones presupuestales y dificultades para fortalecer la capacidad operativa de los organismos territoriales de gestión del riesgo.
El fenómeno de El Niño genera nuevas alertas
Uno de los principales temas abordados durante la mesa técnica fue el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño sobre la operación del embalse y las comunidades cercanas.
La reunión coincidió con el proceso de consolidación de este fenómeno climático y con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, establecida mediante el Decreto 150 de 2026, debido a las inundaciones registradas en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.
En este contexto, la ANLA solicitó a EPM complementar el Plan de Contingencias del proyecto y actualizar la regla de operación del embalse.
La autoridad ambiental también analiza la propuesta de elevar el nivel del embalse hasta la cota máxima de 420 metros sobre el nivel del mar entre octubre y noviembre de este año, escenario que coincide con una probabilidad del 82 % de consolidación del fenómeno de El Niño, según proyecciones del IDEAM.
Acuerdos para fortalecer la coordinación institucional
Como resultado de la jornada de seguimiento, la Procuraduría, EPM y los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo acordaron desarrollar nuevas acciones para mejorar la coordinación entre las entidades involucradas.
Entre los principales compromisos se encuentra la realización de una mesa de alto nivel con la ANLA y el Ministerio de Minas y Energía para analizar las restricciones relacionadas con el aumento de la cota del embalse, previstas en la Resolución 2306 de 2019.
Asimismo, la Procuraduría promoverá encuentros técnicos con gobernaciones y municipios para identificar las principales necesidades en materia de gestión del riesgo y consolidar un informe que será presentado al nuevo Gobierno Nacional como insumo para futuras decisiones.
EPM realizará simulacros y seguimiento comunitario
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín anunció que organizará un simulacro conjunto con los municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre con el fin de evaluar el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana de Hidroituango y verificar la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Adicionalmente, la Procuraduría continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por EPM con las comunidades de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia, municipios que históricamente han sido considerados prioritarios dentro del área de influencia del proyecto.
Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer la prevención, mejorar la preparación institucional frente a posibles emergencias y garantizar que la operación de Hidroituango continúe bajo estrictos estándares de seguridad para las comunidades y el sistema energético nacional.
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