Corrupción en la UNGRD: empresario y contratista firman preacuerdo con la Fiscalía por el millonario desfalco de los carrotanques de La Guajira
Un nuevo capítulo judicial se abre en el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, y la excontratista Sonia Rocío Romero Hernández alcanzaron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando una pena de siete años y cuatro meses de prisión. Ambos procesados admitieron su responsabilidad en la trama ilícita vinculada al contrato de $83.000 millones para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable al departamento de La Guajira.
Aceptación de cargos y el duro reparo de la Agencia de Defensa del Estado
Durante las audiencias de verificación, Echeverri y Romero manifestaron arrepentimiento por haber participado en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. No obstante, el trámite judicial enfrentó una fuerte oposición por parte del delegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien cuestionó duramente la concesión de beneficios penales sin que los imputados hayan reintegrado los recursos públicos apropiados.
El representante del Estado tildó la situación como un «absurdo jurídico» al señalar que las investigaciones arrojan un incremento patrimonial injustificado de $4.330 millones de pesos por el direccionamiento del contrato. El próximo 4 de noviembre, una jueza penal especializada de Bogotá decidirá si aprueba o rechaza los términos de esta negociación con la justicia.
| Implicado / Cargo | Rol en la Entramada de Corrupción | Situación Judicial Actual |
|---|---|---|
| Sonia Rocío Romero (Excontratista UNGRD) |
Enlace con la red criminal; filtró información técnica privilegiada para amañar pliegos de selección. | Preacuerdo por 7 años y 4 meses de cárcel (En prisión). |
| Édgar Echeverri Toro (Corp. Mixta Yapurutú) |
Falsificación de documentos y firma de actas de entrega ficticias entre nov. 2023 y ene. 2024. | Preacuerdo por 7 años y 4 meses de cárcel (En prisión). |
| César Manrique Soacha (Exdirector Función Pública) |
Vinculado directivo en el desvío de contratos y articulación del entramado institucional. | Prófugo de la justicia desde hace más de un año. |
Falsificación de actas y pagos por $25.375 millones en entregas de papel
Los detalles revelados por el ente investigador dan cuenta de una sofisticada estrategia de simulación. En el caso de Sonia Romero, su función radicó en entregar información privilegiada a empresarios afines antes de la apertura formal de los procesos, garantizando la adjudicación no solo de los carrotanques, sino también de plantas desalinizadoras y pozos subterráneos que nunca llegaron a ejecutarse.
Por su parte, Édgar Echeverri Toro habría respaldado documentalmente entregas de vehículos que jamás se realizaron en el territorio. Con base en estas actas de entrega ficticias elaboradas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, la fiduciaria alcanzó a desembolsar dos giros parciales por $25.375 millones de pesos por bienes que se quedaron únicamente en el papel.
- Fallo decisivo: La jueza especializada de Bogotá dará su veredicto final sobre el aval del preacuerdo el próximo 4 de noviembre.
- Desperdicio de recursos: El contrato no solo implicó sobrecostos millonarios, sino que los vehículos resultaron inoperativos en la alta Guajira.
- Fiscalización patrimonial: La Agencia de Defensa del Estado insiste en la restitución total de los $4.330 millones de incremento patrimonial no justificado.
Análisis Emcosalud Radio: La justicia no puede conformarse con penas sin recuperar el dinero hurtado
El caso de los carrotanques de La Guajira representa una de las afrentas más graves a la dignidad humana en la historia reciente del país, al comerciar con la sed de miles de niños y familias vulnerables. Si bien la aceptación de cargos por parte de los intermediarios y contratistas agiliza el trámite penal, el reproche de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pone el dedo en la llaga: las rebajas de pena no pueden convertirse en patentes de corso si no van acompañadas de la devolución íntegra de los recursos robados. Una verdadera justicia contra la corrupción en la UNGRD debe priorizar el resarcimiento económico al erario público y la captura de los altos cerebros políticos que continúan prófugos.
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