Pleito por una mina de carbón, lingotes de oro y una empresa en quiebra enreda a miembros de la élite paisa
Un complejo entramado judicial que cursa en la Fiscalía General de la Nación en Medellín salpica a influyentes figuras de la élite antioqueña, empresarios del sector automotriz, exoficiales de la fuerza pública y un exbeisbolista de Grandes Ligas. Las reclamaciones, que superan los 20 millones de dólares, giran en torno a presuntas estafas con compra de oro, transacciones inmobiliarias en El Retiro y la fallida adquisición de un título minero de carbón en España valorado en 50 millones de euros. En el centro de los señaamientos se encuentra el exconcejal de Medellín Juan Felipe Campuzano Zuluaga.
El modelo ‘Midac Gold’ y los primeros afectados
De acuerdo con testimonios recopilados y denuncias penales formalizadas, Campuzano habría estructurado desde 2019 un modelo de negocio orientado a la comercialización e inversión en lingotes de oro embovedados a través de la firma Midac Gold, operada desde oficinas en el Alto de las Palmas. Varios inversionistas aseguran que la presencia de figuras respetadas como un general retirado de la Policía sirvió de incentivo para entregar cuantiosas sumas de dinero.
Entre los denunciantes destaca el reconocido empresario Rubén Estrada Botero, uno de los mayores distribuidores de motocicletas en el centro del país, quien sostiene una reclamación legal que supera los 6.000 millones de pesos por compras de lingotes de oro que nunca le habrían sido entregados o liquidados.
| Denunciante / Inversionista | Perfil / Rol | Monto o Bien Comprometido |
|---|---|---|
| Rubén Estrada Botero | Empresario de distribución de motos | +$6.000 millones (Compra de 10 kg de oro) |
| Exbeisbolista NBL y Esposa | Inversor internacional (Excampeón Serie Mundial) | USD $850.000 y lotes por $10.000 millones |
| Juan Diego Flórez Baena | Exestructurador de proyectos de EPM | Apartamento en Envigado ($350 millones) por 1% acciones |
| Socios e Inversionistas Españoles | 59 pequeños y medianos inversionistas | +$12.230 millones en títulos de carbón |
Negocios inmobiliarios en El Retiro y la mina de carbón
El rastreo judicial también abarca la transferencia presuntamente irregular de dos valiosos lotes situados en la vereda Don Diego, en El Retiro (Antioquia), valorados en más de 10.000 millones de pesos, los cuales habrían sido entregados a cambio de acciones sin respaldo comercial real de la firma Mitacoin/Midac.
A nivel internacional, el expediente incluye una acusación radicada ante los tribunales de España el 4 de junio de 2024, en la que se investiga la captación de fondos por casi 10.000 millones de pesos colombianos aportados por 59 personas para comprar la licencia de explotación de un yacimiento de carbón. Dicha disputa con llevó a la detención temporal del exconcejal en territorio europeo mientras se esclarecen los flujos financieros.
“Midac es un proyecto legal y viable. El informe de auditoría demuestra que el 87% de los clientes recibieron sus compras; las pérdidas fueron causadas por el sobrecosto de oficinas y salarios que ejecutaron los mismos denunciantes.” — Juan Felipe Campuzano Zuluaga, exconcejal de Medellín.
En su defensa, Campuzano Zuluaga rechazó tajantemente las acusaciones de estafa o captación masiva de dinero, señalando que su función se limitaba a asesorar y reemplazar los intereses accionarios de su esposa, argumentando además que fueron sus recursos familiares los que terminaron inyectando más de mil millones de pesos para cubrir las nóminas de la empresa quebrada.
- Presuntos delitos investigados: Estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, y administración desleal.
- Mina de carbón: El yacimiento objeto de la disputa judicial en España está avaluado en más de 50 millones de euros.
- Acción penal: Corresponderá a la Fiscalía determinar la responsabilidad técnica y contable tras la quiebra de las sociedades implicadas.
Nota de la redacción: Este caso deja al descubierto cómo la combinación de promesas de rentabilidad extraordinaria y esquemas de confianza personal pueden vulnerar incluso a experimentados sectores corporativos e inversionistas internacionales. La celeridad de las autoridades judiciales será clave para determinar el paradero de los activos comprometidos.
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