Plebiscito por la Paz en Colombia, 10 años después: las lecciones que dejó el triunfo del “no” al acuerdo de La Habana
A un decenio exacto de una de las jornadas electorales más determinantes en la historia reciente del país, el 2 de octubre de 2016 permanece en el centro de la memoria e ideología política de Colombia. Cumplidos 10 años del Plebiscito por la Paz, voceros de las vertientes que defendieron el “sí” y el “no” reconstruyen el impacto del estrecho triunfo del rechazo al texto original de La Habana, el proceso de renegociación posterior y las fracturas institucionales que aún persisten.
Los números de una jornada histórica
Aquella tarde dominical, en medio del paso inclemante del huracán Matthew que afectó la participación en la costa Caribe, los colombianos acudieron a las urnas con una abstención cercana al 62%. Los boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmaron un resultado sorpresivo para la opinión pública y los sondeos de la época.
| Opcion en la Urna | Total de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Opción “NO” (Ganadora) | 6.431.376 | 50,21 % |
| Opción “SÍ” | 6.377.482 | 49,78 % |
| Diferencia Definitiva | 53.894 votos | 0,43 % |
| Umbral Requerido (Validación del Sí) | 4.536.992 votos | Superado operacionalmente |
La defensa del “Sí”: desmovilización, implementación e institucionalidad
En el marco del aniversario, el expresidente Juan Manuel Santos Calderón intervino en un foro académico en la Universidad El Rosario de Bogotá, defendiendo la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y advirtiendo sobre las afectaciones que provocarían eventuales recortes presupuestales previstos hacia 2027.
“El proceso de paz ha sido un ejemplo para el mundo entero. Si se le resta presupuesto a la JEP o se la deja sin recursos para operar, los que sufren son las víctimas, los comparecientes y los ciudadanos que creyeron en el proceso.” — Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.
Por su parte, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo destacó la capacidad institucional para encauzar la crisis mediante el Nuevo Acuerdo firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016. No obstante, reconoció falencias severas por parte del Estado, destacando con pesar el asesinato de más de 400 excombatientes reintegrados y las fallas en los planes de sustitución de cultivos ilícitos.
La firme postura del “No”: impunidad y reclamo de voluntad popular
Desde la orilla del Centro Democrático, voceros clave que impulsaron la victoria del “no” argumentan que el tiempo terminó dándole la razón a las prevenciones expuestas a la ciudadanía.
La exsenadora Paloma Valencia recordó que las encuestas daban un resultado adverso para su campaña y enfatizó que el triunfo en las urnas reflejó el rechazo a la impunidad y a la entrega de curules directas a responsables de delitos de lesa humanidad.
“Fue un momento muy emocionante porque mostraba que los colombianos no queríamos ni impunidad ni premio para los violentos. Colombia tuvo que ver durante ocho años a criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso.” — Paloma Valencia, dirigente del Centro Democrático.
A su vez, el abogado y exsenador José Obdulio Gaviria cuestionó duramente la implementación del mecanismo del fast track e insistió en que el acuerdo de La Habana debió haberse descartado en su totalidad tras el veredicto popular de 2016, calificando como un error político el haber aceptado una renegociación parcial con el Ejecutivo de la época.
- Mecanismo de refrendación: Tras el plebiscito, el Nuevo Acuerdo se ratificó vía Congreso de la República, habilitando el trámite legislativo especial para la creación de la JEP, los PDET y la reincorporación de cerca de 13.000 excombatientes.
- Lección democrática: A 10 años de la votación, ambas posturas coinciden en que la jornada dejó al país profundamente polarizado, pero sirvió para medir la solidez de las instituciones del Estado ante una encrucijada constitucional sin precedentes.
Nota de la redacción: Un decenio después, el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 se mantiene como una de las obligaciones internacionales de Colombia ante las Naciones Unidas y un eje permanente del debate político de cara a las próximas contiendas electorales.
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