Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado en Bolivia
Un nuevo y crítico capítulo judicial sacude el panorama político de América Latina. La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles 29 de julio de 2026 una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por terrorismo, alzamiento armado y otros cuatro delitos graves. La medida responde a las denuncias presentadas tras la ola de bloqueos de vías promovidos durante más de 50 días a nivel nacional en protesta contra la administración del presidente Rodrigo Paz.
Los seis delitos por los que la Fiscalía investiga a Evo Morales
El requerimiento fue formalizado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, fundamentado en una querella interpuesta originalmente por la organización civil de tendencia conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, acción a la que posteriormente se adhirió de forma oficial el Ministerio de Gobierno boliviano.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, el exmandatario altiplánico es investigado por la presunta comisión de los siguientes delitos de fuero penal:
- Alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado.
- Terrorismo y asociación delictiva.
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
- Instigación pública a delinquir.
La investigación no se limita al expresidente. El expediente incluye de igual forma al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y a Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, quien actualmente se encuentra privado de la libertad bajo medida de prisión preventiva.
El saldo de los bloqueos: Coste humano e impacto nacional
Las movilizaciones y bloqueos de carreteras que paralizaron sectores clave de la economía boliviana dejaron graves secuelas institucionales y humanas. Según informes consolidados por la Defensoría del Pueblo presentados a comienzos de mes, las manifestaciones registraron un trágico saldo de 22 personas fallecidas y más de 88 heridos.
Si bien los organismos de derechos humanos recalcaron la necesidad de verificar con precisión los registros ante los tribunales, instaron al Ministerio Público a adelantar las acciones penales correspondientes para esclarecer las responsabilidades por la violencia desatada en los puntos de cierre vial.
Declaraciones y choque político entre el presidente Rodrigo Paz y Evo Morales
La emisión de esta orden de captura se alinea con las recientes posturas del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Apenas unas semanas atrás, durante un acto público en el sur de Cochabamba, el mandatario había advertido que las acciones judiciales contra Morales avanzarían sin contemplaciones.
Ante las arengas de los asistentes que clamaban justicia por las pérdidas económicas y los cierres viales, Paz aseveró tajantemente que “ya le va a llegar la cárcel” al exjefe de Estado, quien ya enfrentaba un mandamiento judicial previo por presunta trata de personas.
“Si yo tengo una hija menor en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro, porque eso es lo que no queremos para nuestras familias”, expresó Rodrigo Paz al cuestionar el liderazgo del expresidente en el plano social y político.
Un escenario de alta tensión e incertidumbre en Bolivia
La orden de aprehensión marca un punto de no retorno en las relaciones entre el actual Ejecutivo y los sectores sociales leales al exmandatario. Analistas prevén que la medida de la Fiscalía intensifique la polarización política y genere reacciones inmediatas en las bases campesinas y sindicales del país.
Análisis Emcosalud Radio: La judicialización del conflicto y el reto institucional de Bolivia
La escalada de las acusaciones penales contra Evo Morales hasta la categoría de terrorismo evidencia la fragilidad de la gobernabilidad en Bolivia tras extensas jornadas de paralización social. La inclusión de tipos penales tan severos por bloqueos de vías eleva el tono del debate sobre los límites de la protesta social y la tipificación de los delitos contra el Estado. Para el gobierno de Rodrigo Paz y las instituciones de justicia, el desafío central consistirá en tramitar el proceso bajo estrictas garantías constitucionales y con celeridad probatoria, evitando que el expediente derivado de las querellas del Comité Cívico de Santa Cruz se perciba como una persecución exclusivamente política en una nación profundamente dividida.
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