A 10 años del Acuerdo de Paz: luces, sombras y el destino de las FARC en Colombia
En noviembre de 2026 se cumplen 10 años desde que el Estado colombiano, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) suscribieron el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera el 24 de noviembre de 2016, poniendo fin a más de medio siglo de alzamiento armado. Una década después, el balance expone un país partido entre la consolidación de la vida civil para cerca del 85 % de los excombatientes, los fallos restaurativos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el rezago histórico en la reforma rural y el rearme de estructuras disidentes que hoy agrupan a unos 10.000 combatientes.
La reincorporación: entre la legalidad de la mayoría y más de 500 firmantes asesinados

De los 14.355 firmantes acreditados tras la dejación de armas, 10.795 continúan vinculados activamente a los programas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), impulsando proyectos productivos, estudios y espacios culturales como el de Manuel Bolívar, exguerrillero que tras 15 años en la selva hoy lidera iniciativas teatrales y de memoria en Bogotá.
Sin embargo, el tránsito hacia la civilidad ha estado marcado por la violencia y los reveses políticos: más de 500 firmantes han sido asesinados desde 2016 por grupos armados ilegales, mientras que el partido Comunes —liderado por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’— perdió su personería jurídica en las elecciones legislativas de marzo de 2026 al no alcanzar el umbral mínimo de votación tras concluir sus dos períodos de curules garantizadas (2018–2026).
| Eje del Acuerdo de Paz (2016–2026) | Balance y Cifras Clave a los 10 Años |
|---|---|
| Reincorporación de Firmantes | ~85 % permanece en la legalidad (10.795 activos en la ARN de 14.355 acreditados); más de 500 asesinados |
| Participación Política (Comunes) | Tuvo 10 curules fijas (2018–2026); perdió su personería jurídica en las elecciones de marzo de 2026 |
| Sanciones de la JEP | En septiembre de 2025 condenó a 7 exjefes (incluido ‘Timochenko’) a 8 años de sanciones propias por secuestro |
| Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) | De 137.000 registrados: 6.002 cuerpos hallados, 892 entregados dignamente y 645 hallados con vida |
| Reforma Rural Integral | Solo 72.880 hectáreas entregadas de una meta de 3 millones (menos del 3 % cumplido) |
| Disidencias Activas en 2026 | Cerca de 10.000 combatientes agrupados en el EMC (‘Iván Mordisco’), EMBF (‘Calarcá’) y Segunda Marquetalia |
“Lo fundamental es que las FARC-EP se acabaron; se desmovilizaron. El objetivo militar principal se cumplió y la organización dejó las armas y transitó a la vida política.” — Josefina Echavarría, directora del programa Peace Accords Matrix del Instituto Kroc.
El auge de las disidencias y el giro de seguridad del nuevo Gobierno

Alrededor de un 15 % de los antiguos integrantes —cerca de 1.500 personas inicialmente— nunca se acogió al pacto o retomó las armas. Según la investigadora Juanita Vélez, estas facciones mutaron hacia economías ligadas al narcotráfico y el control territorial local, multiplicando sus filas hasta sumar hoy unos 10.000 integrantes distribuidos principalmente en el Estado Mayor Central (EMC) de alias ‘Iván Mordisco’, el Estado Mayor de Bloques y Frentes de alias ‘Calarcá Córdoba’, la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’, Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Tras los infructuosos intentos de negociación bajo la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro (2022–2026), estas estructuras enfrentan hoy la ofensiva militar de la administración del presidente Abelardo De La Espriella, crítico histórico del pacto de La Habana.
Justicia restaurativa y la gran deuda agraria
En materia judicial, en septiembre de 2025 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso las primeras condenas restaurativas a siete antiguos miembros del secretariado de las FARC —incluido ‘Timochenko’—, sentenciándolos a ocho años de trabajos reparadores (búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario y sustitución de cultivos) bajo monitoreo satelital y de la ONU. Aunque esta justicia transicional ha permitido avances significativos en verdad y el hallazgo de más de 6.000 cuerpos por parte de la UBPD, víctimas como el expolicía César Lasso —secuestrado durante 14 años— expresan frustración al considerar insuficientes las sanciones frente a crímenes de lesa humanidad.
- Implementación global: De acuerdo con expertos de la Iniciativa Barómetro y el Instituto Kroc, cerca del 37 % del acuerdo cuenta con implementación completa y más del 40 % presenta avances parciales a cinco años de cumplirse el plazo total de 15 años.
- El corazón pendiente del conflicto: En un país donde el 1 % de propietarios concentra el 81 % de la tierra fértil, la entrega de apenas 72.880 hectáreas frente a la meta de 3 millones y los retrasos en sustitución de cultivos ilícitos siguen alimentando los vacíos territoriales aprovechados por los grupos armados.
Nota de la redacción: A pesar de las profundas divisiones políticas que persisten desde el plebiscito de octubre de 2016, el encuentro en escenarios de diálogo entre víctimas de secuestro y excombatientes reincorporados confirma que la salida civil sigue siendo el principal escudo contra la repetición del conflicto.
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