El Estatuto del Trabajo: Radicación del proyecto en el Congreso

La bancada del Pacto Histórico, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino, radicó el proyecto de ley que busca saldar lo que el Ejecutivo califica como una deuda histórica de más de 30 años con la clase trabajadora. La norma busca atar la fijación anual del ingreso laboral no solo a la inflación y a la productividad —como lo estipula la Ley 278 de 1996—, sino también a la medición real de la canasta de necesidades básicas de los hogares.

Según cálculos del Ministerio del Trabajo, el costo de la canasta básica para una familia promedio de 3 a 4 personas en Colombia ronda los $3.000.000 de pesos, distribuido en alimentación (34%), vivienda (24%), salud (5%) y otros gastos esenciales (28%). Bajo esa premisa, el Gobierno argumenta que el salario de los trabajadores debe acercarse progresivamente a ese parámetro de dignidad humana amparado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Situación jurídica del aumento de 2026 en el Consejo de Estado

A pesar del avance legislativo, la validez del histórico incremento decretado para 2026 enfrenta un litigio de nulidad en las altas cortes. La Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la medida cautelar que mantenía suspendido el decreto inicial, lo que significa que el salario de $2.000.000 (con auxilio) se mantiene plenamente vigente en los pagos y cotizaciones actuales.

Sin embargo, juristas consultados advierten que la discusión de fondo sigue abierta:

• Fallo procesal, no sustancial: Expertas en derecho laboral señalan que levantar la suspensión preventiva le dio certeza a contratos y aportes, pero el tribunal aún no ha emitido una sentencia definitiva sobre si el Gobierno violó o no los parámetros de la Ley 278 de 1996 al decretar un alza de 23,7% con inflación del 5,3% y productividad del 0,91%.
• Vacío en la norma: Exministros de la cartera de Trabajo recuerdan que el «salario vital» de la OIT se utilizó como criterio administrativo en los decretos de 2025, pero carece de fuerza vinculante explícita dentro del ordenamiento jurídico colombiano actual. Por ello, el proyecto de ley busca blanquear hacia el futuro dicha metodología.

Puntos de vista de los expertos: Fiscalidad, inflación y desindexación

La perspectiva de que la fórmula del salario vital se convierta en una regla permanente genera posiciones encontradas entre economistas y especialistas del sector laboral:

1. Metodología e incertidumbre técnica

Analistas coinciden en que el proyecto requiere un diseño institucional estricto. Si no se define con claridad qué entidad medirá la canasta, bajo qué metodología técnica y si los incrementos serán mediante saltos bruscos o metas de convergencia a largo plazo, la mesa de concertación tripartita entre empresarios, trabajadores y Gobierno podría derivar en mayores niveles de litigiosidad e incertidumbre.

2. Retos para la concertación del salario en 2027

Con de cara a la negociación del salario mínimo para el periodo 2027 —que liderará la administración entrante—, los analistas señalan que un aumento de la magnitud del 2026 no resultaría sostenible de manera recurrente. La pauta técnica debería retornar a la suma de la inflación causada más la productividad marginal para no presionar los costos de formalización en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

3. La urgente necesidad de la desindexación

Un aspecto crítico advertido por la academia es que incrementos significativos en el salario mínimo pueden ser contrarrestados por la inflación si no se desvinculan (desindexan) cobros y servicios de la economía diaria. Si bien se han descolgado más de 200 bienes del salario mínimo, aún persisten cobros atados como cuotas moderadoras de salud, topes de Vivienda de Interés Social (VIS), multas de tránsito y sanciones administrativas que terminan encareciendo la vida de la población informal.