Gobernación del Huila demanda polémica reforma estatutaria de Electrohuila por presunto riesgo patrimonial
La controversia en torno a la reforma de los estatutos de la Electrificadora del Huila (Electrohuila) llegó oficialmente a los estrados judiciales. La Gobernación del Huila presentó una demanda ante la jurisdicción ordinaria con el propósito de que se declare la nulidad de uno de los cambios aprobados durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el pasado 20 de marzo, al considerar que la modificación fue impulsada por el accionista mayoritario sin estudios técnicos que la respaldaran y que podría comprometer el patrimonio de la compañía.
La acción judicial fue instaurada por el Departamento del Huila, representado por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, a través de la abogada Claudia Yuliana Ruiz Segura, mientras que la demanda fue estructurada por el equipo jurídico de la Gobernación bajo la coordinación de la exprocuradora Cristina Cortés.
El cambio que originó la demanda
Aunque la Asamblea aprobó modificaciones a varios artículos de los estatutos sociales de Electrohuila, la Gobernación centra su inconformidad exclusivamente en la incorporación del numeral 42 al artículo 47, una disposición que otorga a la junta directiva la facultad de autorizar a la administración para que la empresa pueda constituirse como garante o fiadora de obligaciones relacionadas con su objeto social.
Según el Departamento del Huila, esta nueva atribución representa una modificación sustancial del modelo de gobierno corporativo de la empresa, ya que permite comprometer recursos patrimoniales sin que existan límites claramente definidos ni controles adicionales.
La administración departamental sostiene que durante el proceso de aprobación nunca fueron presentados estudios jurídicos, financieros, técnicos o de gobierno corporativo que justificaran la necesidad de otorgar dicha facultad a la junta directiva.
De acuerdo con el texto de la demanda, la reforma carece de soporte suficiente y traslada competencias de alto impacto económico sin explicar su finalidad ni los beneficios que generaría para la compañía.
Gobernación advierte abuso del accionista mayoritario
Uno de los principales argumentos jurídicos expuestos por la Gobernación es que la reforma habría sido aprobada gracias al poder decisorio del accionista mayoritario.
Actualmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee el 83,051 % de las acciones de Electrohuila, porcentaje que le permite controlar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
En contraste, el Departamento del Huila cuenta con el 8,241 % del capital accionario, mientras que Infihuila posee el 6,240 %, condición que convierte a ambas entidades en accionistas minoritarios.
La demanda sostiene que durante la Asamblea el gobernador Rodrigo Villalba votó en contra de la modificación y solicitó dejar constancia expresa de su oposición al considerar que la reforma alteraba el equilibrio del gobierno corporativo y fortalecía excesivamente el poder del accionista mayoritario.
Para la administración departamental, el hecho de contar con la mayoría accionaria no autoriza a imponer decisiones que puedan afectar el interés general de la sociedad o disminuir las garantías de los accionistas minoritarios.
Preocupación por los riesgos financieros
El documento presentado ante la justicia dedica un amplio análisis a las consecuencias económicas que podría generar la nueva disposición estatutaria.
Según la Gobernación, permitir que Electrohuila actúe como garante de obligaciones de terceros incrementaría significativamente la exposición financiera de la empresa.
Entre los riesgos identificados se encuentran:
- Mayor exposición patrimonial frente a obligaciones ajenas.
- Incremento de contingencias financieras.
- Reducción de la capacidad de endeudamiento.
- Posible aumento en el costo del crédito.
- Deterioro de los indicadores financieros.
- Disminución de las utilidades futuras.
La administración departamental considera que estos efectos podrían impactar directamente el patrimonio público del Huila, debido a la participación accionaria que mantiene el Departamento en la compañía.
En consecuencia, advierte que una eventual disminución del valor de la empresa afectaría los dividendos recibidos por el ente territorial y la valorización de sus acciones, además de limitar recursos que eventualmente podrían destinarse a programas de inversión pública.
Solicitudes previas no obtuvieron respuesta suficiente
Antes de acudir a la vía judicial, la Gobernación asegura haber solicitado en varias oportunidades copia de los estudios que sustentaban la reforma estatutaria.
Entre abril y mayo de este año elevó requerimientos oficiales solicitando documentos jurídicos, financieros y técnicos que justificaran los cambios aprobados por la Asamblea.
Sin embargo, según la demanda, Electrohuila respondió que la sustentación había sido realizada verbalmente durante la reunión por representantes del Ministerio de Hacienda y que hacía parte de las deliberaciones consignadas en el acta.
Para el Departamento, esta respuesta demuestra que no existieron estudios técnicos previos que respaldaran una modificación de semejante alcance dentro del esquema de gobierno corporativo.
La demanda busca anular un solo artículo
La acción judicial no pretende dejar sin efectos toda la reforma estatutaria aprobada en marzo de 2026.
Las pretensiones se concentran únicamente en que un juez declare la nulidad del numeral 42 incorporado al artículo 47 de los estatutos sociales de Electrohuila, eliminando así la facultad otorgada a la junta directiva para autorizar a la empresa a constituirse como garante de obligaciones.
En caso de prosperar la demanda, la Gobernación solicita además que la Notaría Única de Palermo y la Cámara de Comercio del Huila realicen las actuaciones correspondientes para retirar dicha disposición de los estatutos registrados.
También solicitaron una medida cautelar
Paralelamente al proceso principal, la Gobernación del Huila pidió al juez decretar una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos del numeral demandado mientras se resuelve de fondo el litigio.
El objetivo es evitar que la nueva facultad pueda ser utilizada antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo sobre su legalidad.
Con esta demanda, el debate sobre el futuro del gobierno corporativo de Electrohuila entra en una nueva etapa, en la que será la justicia la encargada de determinar si la reforma estatutaria respetó los principios del derecho societario y protegió adecuadamente los intereses de todos los accionistas, especialmente de los minoritarios, o si, por el contrario, vulneró las normas que regulan el funcionamiento de las sociedades comerciales en Colombia.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
