General retirado admite falsos positivos en Meta y reconoce su responsabilidad ante la JEP
“Hoy me avergüenzo”: excomandante de la VII Brigada reconoce graves omisiones en el Caso 03
En una de las audiencias más significativas del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brigadier general en retiro Carlos Olivio Saavedra Sáenz reconoció públicamente su responsabilidad por las omisiones que permitieron la consolidación de prácticas relacionadas con los llamados falsos positivos en el departamento del Meta.
La declaración se produjo en Villavicencio durante las jornadas de reconocimiento de verdad que adelanta la JEP sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de la Fuerza Pública. Frente a decenas de víctimas y familiares afectados por estos hechos, el excomandante de la VII Brigada del Ejército Nacional expresó su arrepentimiento por decisiones y actuaciones adoptadas durante su gestión entre 2001 y 2003.
Las audiencias hacen parte de una semana clave dentro del proceso de esclarecimiento de la verdad. Previamente, el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, compareció ante la Sala de Reconocimiento de Verdad para responder a múltiples señalamientos relacionados con presuntas presiones ejercidas sobre mandos militares para incrementar los resultados operacionales durante el conflicto armado.
Presión por resultados y cultura de las bajas en combate
Durante su intervención ante los magistrados de la JEP, Saavedra aseguró que existía una dinámica institucional que privilegiaba los resultados operacionales medidos en número de bajas reportadas. Según explicó, este modelo era impulsado mediante documentos internos, reuniones de alto mando y programas radiales dirigidos a los comandantes de brigada.
“El mismo sistema funcional de la institucionalidad, a través de documentos, programas radiales y reuniones del alto mando militar, estimulaba este tipo de resultados operacionales”, afirmó el oficial retirado durante la diligencia.
De acuerdo con su relato, las unidades militares eran comparadas constantemente mediante clasificaciones que destacaban a quienes obtenían mayores cifras de bajas en combate. Este esquema generó una competencia interna que terminó influyendo en la toma de decisiones operativas.
Saavedra reconoció que muchos comandantes asumieron esa presión como una obligación permanente para mantener reconocimiento institucional y demostrar eficacia en la lucha contra los grupos armados ilegales.
“El afán por mostrar resultados terminó generando una aceleración de las operaciones sin medir adecuadamente las consecuencias que estas prácticas podían tener en los niveles inferiores de la estructura militar”, manifestó.
Los incentivos que premiaban las bajas
Uno de los aspectos más impactantes de su declaración fue el reconocimiento de los incentivos que recibían los militares vinculados a operaciones donde se reportaban muertes en combate.
Según explicó, durante su comandancia se otorgaban felicitaciones públicas, permisos especiales, reconocimientos institucionales y otros beneficios a quienes participaban en operaciones consideradas exitosas. Incluso, confirmó que se emitieron comunicaciones oficiales exaltando determinadas cifras de bajas alcanzadas por las tropas.
“Durante mi comandancia se otorgaron felicitaciones, permisos y beneficios a quienes participaban en operaciones donde se reportaban muertes. Incluso emití comunicados felicitando públicamente por alcanzar 100 bajas en combate durante el año 2003”, declaró.
Posteriormente, en uno de los momentos más emotivos de la audiencia, reconoció que muchas de esas bajas que fueron celebradas institucionalmente correspondían en realidad a civiles asesinados.
“Hoy me avergüenzo de reconocer que muchas de esas supuestas bajas correspondían realmente a civiles asesinados. La muerte terminó por convertirse en una forma de demostrar eficiencia militar”, expresó con evidente emoción.
Reconocimiento de omisiones y falta de control
El excomandante también aceptó que incurrió en graves omisiones al no verificar rigurosamente la información contenida en los informes operacionales que llegaban a su despacho.
Según indicó, confió en los reportes entregados por las unidades bajo su mando sin realizar controles suficientes para establecer si las personas reportadas como integrantes de grupos armados ilegales realmente tenían algún vínculo con organizaciones insurgentes.
“Hoy entiendo que muchas de esas carpetas contenían documentos alterados, informes falsos y montajes construidos para dar apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones”, señaló durante la diligencia judicial.
Este reconocimiento representa un paso importante dentro del proceso de esclarecimiento impulsado por la JEP, que busca determinar responsabilidades individuales y colectivas en uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano.
Las víctimas esperan verdad y reparación
Las audiencias realizadas en Villavicencio han contado con la participación de numerosas víctimas acreditadas dentro del Subcaso Meta, quienes han seguido atentamente las declaraciones de los comparecientes.
Para muchas familias, estos reconocimientos constituyen una oportunidad para conocer qué ocurrió con sus seres queridos y entender cómo se desarrollaron las estructuras que permitieron la ejecución de crímenes posteriormente presentados como resultados legítimos de operaciones militares.
La JEP ha insistido en que el objetivo principal de estas diligencias es garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En ese contexto, las declaraciones de altos mandos militares son consideradas fundamentales para reconstruir los patrones de conducta que facilitaron la comisión de estos hechos.
Mientras avanzan las investigaciones, las confesiones y reconocimientos realizados por antiguos integrantes de la Fuerza Pública continúan aportando elementos para esclarecer responsabilidades y comprender cómo la presión por mostrar resultados operacionales terminó favoreciendo prácticas que derivaron en graves violaciones de los derechos humanos.
Con el avance de las audiencias, la JEP seguirá evaluando la contribución efectiva a la verdad de los comparecientes, un factor determinante para acceder a los beneficios contemplados dentro del sistema de justicia transicional establecido tras el acuerdo de paz.
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