Así delinque el Frente 36 que amenazó a Fico y busca extorsionar a Hidroituango
El Frente 36 de las disidencias de las Farc volvió a encender las alarmas en Antioquia tras las denuncias sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante una visita programada a Hidroituango. La agenda oficial tuvo que ser suspendida a última hora por razones de seguridad.
Pero más allá de las amenazas recientes, esta estructura ilegal mantiene una compleja red criminal en el norte y nordeste del departamento, donde controla economías ilícitas, desplaza comunidades y presiona a empresas estratégicas.
Desplazamientos masivos en Briceño
El 18 de octubre de 2025, habitantes de varias veredas del municipio de Briceño recibieron mensajes, a través de líderes comunales, ordenándoles abandonar sus viviendas. La razón: enfrentamientos inminentes entre el Frente 36 y el Clan del Golfo por el control territorial.
El desplazamiento forzado afectó a 2.156 campesinos, quienes tuvieron que dejar cultivos, animales y pertenencias para resguardarse en albergues improvisados en el casco urbano. No era la primera vez que ocurría. Según testimonios recogidos en la zona, en los últimos dos años se han repetido episodios similares.
La disputa no es menor. En la región confluyen tres estructuras: el Frente 36, el Clan del Golfo y el denominado Frente 18 o Los Cabuyos. Todos buscan controlar corredores estratégicos hacia Ituango y zonas limítrofes con Yarumal.
El oro: principal fuente de financiación
Uno de los pilares financieros del Frente 36 es la minería ilegal en el río Cauca, el río Espíritu Santo y en las minas de Berlín, en el corregimiento de Ochalí. Según fuentes militares, el grupo exige el 10 % por cada onza de oro extraída a mineros ancestrales.
A quienes trabajan en el lecho del río les imponen turnos de dos horas, el pago de un “seguro” y multas si incumplen los tiempos asignados. Este esquema de extorsión sistemática les genera millonarios ingresos que luego se traducen en compra de camionetas, armamento de largo alcance, explosivos y drones.
En redes sociales, algunos integrantes exhiben lujos y armas como símbolo de poder, proyectando una narrativa de control territorial y capacidad militar.
Extorsión a empresas y presión contra EPM
La ofensiva del Frente 36 no se limita a la minería. También extorsiona a ganaderos, comerciantes y empresarios en municipios como Amalfi, Anorí, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Guadalupe.
Uno de sus principales objetivos es Empresas Públicas de Medellín (EPM), la segunda empresa más grande del país. Según fuentes de inteligencia, el grupo ha intentado presionar a la compañía mediante ataques a torres de energía y amenazas directas contra la infraestructura de Hidroituango.
Incluso, se conoció que lograron infiltrar personas en operaciones logísticas del proyecto hidroeléctrico y enviaron videos de la casa de máquinas como mecanismo de intimidación. La finalidad: forzar pagos extorsivos a cambio de no atentar contra la central energética más importante de Colombia.
Hasta ahora, EPM no ha cedido a las exigencias.
Ataques armados y cabecillas señalados
El Frente 36 es señalado como responsable del atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, ataque en el que murieron 13 uniformados. Por este hecho, el ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que permita capturar a su máximo cabecilla, Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo.
En la línea de mando también figuran alias Pablo Toli y Guaricho, este último señalado de difundir información falsa sobre su supuesta muerte para despistar a las autoridades.
Otro nombre que aparece en el radar es alias Calarcá, mencionado en reiteradas ocasiones por el gobernador Rendón como uno de los jefes con mayor capacidad de reorganización armada en la zona.
Amenazas a líderes políticos
Las recientes advertencias contra el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón evidencian la intención del Frente 36 de proyectar poder más allá de las zonas rurales bajo su influencia.
Según denunció el mandatario de Medellín, la estructura ha intentado conformar células de milicianos en la capital antioqueña, a unos 180 kilómetros de Briceño, lo que ampliaría su radio de acción y capacidad de intimidación.
Un desafío de seguridad regional
La radiografía del Frente 36 muestra una organización con ingresos constantes por minería ilegal y extorsión, presencia territorial en expansión y capacidad para ejecutar acciones de alto impacto contra infraestructura estratégica y fuerza pública.
Mientras las autoridades refuerzan operativos en el norte y nordeste de Antioquia, el desafío no solo pasa por capturar a sus cabecillas, sino por cortar las fuentes de financiación que sostienen su poder armado.
En un departamento clave para la economía nacional, la estabilidad de proyectos como Hidroituango y la seguridad de miles de campesinos dependen de la capacidad del Estado para neutralizar una estructura que combina control social, intimidación armada y presión económica como fórmula de dominio territorial.
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