Bogotá, D.C. La Fiscalía General de la Nación oficializó la apertura de una indagación preliminar contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero. El ente acusador busca determinar la veracidad de denuncias que las vinculan con un presunto esquema de cobros ilegales a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos en dependencias del Gobierno nacional, incluyendo los ministerios de Vivienda y del Interior.
El esquema de cobros y las pruebas bajo la lupa de la Fiscalía
El caso fue asignado a la Dirección Especializada contra la Corrupción tras revelaciones periodísticas que recopilan chats de WhatsApp, registros de llamadas, comprobantes de transferencias y tiquetes aéreos. Según el expediente en verificación, los hechos habrían ocurrido entre mediados de 2024 y marzo de 2025.
Las indagaciones preliminares señalan la existencia de una supuesta «tabla de tarifas» para gestionar reuniones y adjudicaciones de proyectos estatales:
- Cobro por gestión: Se habrían exigido pagos de un millón de pesos por cada reunión pactada con funcionarios.
- Anticipos y comisiones: Solicitud de un anticipo de $200 millones y el cobro del 10% del valor total de las obras adjudicadas.
- Proyectos salpicados: Menciones a contratos de cámaras de seguridad, mejoramiento de vivienda y acueductos en el departamento del Cesar.
El supuesto nexo con altos funcionarios y la defensa legal
Dentro de los chats expuestos por testigos y contratistas figura la presunta coordinación entre Verónica Guerrero y altos ejecutivos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para viabilizar acuerdos presupuestales en regiones del país.
Ante la gravedad de los señalamientos, la firma de abogados Alzate Hernández, en representación de Juliana Guerrero, emitió un pronunciamiento oficial rechazando categóricamente cualquier conducta fuera de la ley:
«Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones (…), sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas que se han formulado en mi contra», sostuvo la defensa de Guerrero.
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El inicio de esta investigación penal por parte de la Fiscalía representa un paso indispensable para salvaguardar la transparencia en la ejecución de los recursos destinados al desarrollo social del país. La presunción de inocencia debe primar mientras las autoridades judiciales analizan el acervo probatorio, garantizando que el debido proceso sirva para esclarecer los hechos y frenar cualquier indicio de interferencia indebida en las licitaciones del Estado.
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