Fedemunicipios deberá devolver más de $84.000 millones provenientes de multas de tránsito por orden judicial
Un contundente fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) la restitución de $84.752 millones a diversas alcaldías y secretarías distritales de tránsito. La decisión judicial se produjo tras comprobar irregularidades en la retención e inversión de los excedentes derivados de la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
El origen jurídico del fallo contra Fedemunicipios
De acuerdo con el marco legal estipulado en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), Fedemunicipios tiene derecho a percibir un 10 % del recaudo de cada comparendo a cambio de operar la plataforma del SIMIT. No obstante, el magistrado ponente concluyó que los excedentes financieros de dicha operación —una vez cubiertos los costos de funcionamiento— debían retornar a los entes territoriales y no permanecer en las cuentas de la federación.
Adicionalmente a la suma principal, el fallo establece que deben transferirse más de $3.000 millones en rendimientos financieros acumulados, acumulando una bolsa que supera los $87.000 millones.
| Concepto Financiero / Judicial | Monto / Detalle Oficial |
|---|---|
| Monto principal a devolver | $84.752 millones de pesos |
| Rendimientos financieros adicionales | Superan los $3.000 millones de pesos |
| Fundamento normativo vulnerado | Ley 769 de 2002 (Gestión de recursos SIMIT) |
| Organismo de control de seguimiento | Procuraduría y Contraloría General de la República |
Destino de los recursos: No habrá reembolsos a conductores
Las autoridades judiciales aclararon con énfasis que la devolución de estos dineros no beneficiará de forma directa ni retroactiva el bolsillo de los infractores o conductores sancionados. El capital pasará directamente a las arcas públicas de las secretarías de movilidad territoriales vinculadas al litigio para ejecutarse en proyectos específicos de orden vial.
El tribunal determinó tres ejes prioritarios de inversión obligatoria:
- Prevención y educación vial: Desarrollo de campañas pedagógicas enfocadas en la reducción de tasas de siniestralidad en carreteras y cascos urbanos.
- Modernización tecnológica: Adquisición e instalación de infraestructura técnica para el control, fotodetección y monitoreo inteligente del tráfico.
- Infraestructura y seguridad para vulnerables: Señalización, mantenimiento de tramos críticos de alta accidentalidad y adecuaciones para peatones, ciclistas y motociclistas.
Comité de control e historial de antecedentes
Con el objetivo de blindar la correcta ejecución de los recursos restituidos, la corporación judicial ordenó la conformación inmediata de un comité de seguimiento técnico, el cual estará integrado por delegados de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Fedemunicipios, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
“Este fallo ratifica la defensa de los recursos públicos locales. No es la primera vez que se presenta este escenario: en el año 2024, Bogotá ya había ganado un pleito similar que obligó a la devolución de $358.741 millones recuperados del recaudo de comparendos.” — Apuntes del expediente judicial.
Nota de la redacción: La decisión sienta un precedente jurisprudencial determinante en la descentralización de los fondos de tránsito, obligando a reorientar sumas millonarias hacia la mitigación de la siniestralidad vial en las ciudades capitales e intermedias del país.
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