Exdirector de Intrapitalito irá a juicio por presunta red criminal en la entidad
El exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito (Intrapitalito), William Iván Rojas Giraldo, enfrentará un juicio oral junto con otros 13 exfuncionarios, agentes de tránsito, contratistas y particulares, luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara de integrar una presunta organización criminal que habría operado al interior de la entidad entre los años 2022 y 2024.
De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscal Séptima Seccional de Neiva, el grupo habría cometido múltiples delitos contra la administración pública, incluyendo concierto para delinquir, cohecho, peculado por apropiación, falsedad en documento público y tráfico de influencias, mediante una estructura organizada que, según el ente acusador, funcionaba como una empresa criminal.
La audiencia de formulación de acusación estaba prevista para el pasado 19 de junio de 2026 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito con Funciones de Conocimiento, pero fue aplazada debido a que el despacho judicial se encontraba atendiendo otra diligencia.
Fiscalía: «Existía una organización criminal»
En el documento conocido por las autoridades judiciales, la Fiscalía sostiene que dentro de las instalaciones de Intrapitalito funcionaba una estructura con roles claramente definidos para ejecutar actividades ilícitas relacionadas con los trámites de tránsito.
«En las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte Intrapitalito existía una organización criminal, y tenía como finalidad la comisión de diferentes conductas, delitos como falsedades en documento público, alterar comparendos de tránsito, entregar vehículos sin los documentos legales y procedimientos establecidos, además de delitos contra la administración pública como cohechos y peculado por apropiación», señala el escrito de acusación.
Según la investigación, la presunta red habría permanecido activa durante varios años, aprovechando cargos públicos y funciones administrativas para favorecer ilegalmente a particulares a cambio de dinero.
Los delitos que imputará la Fiscalía
El exdirector William Iván Rojas Giraldo será llevado a juicio como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público.
Junto a él también fueron acusadas otras 13 personas, entre funcionarios, agentes de tránsito, contratistas y particulares, quienes enfrentarán cargos por delitos como:
- Concierto para delinquir.
- Peculado por apropiación.
- Cohecho propio e impropio.
- Falsedad material en documento público.
- Tráfico de influencias de servidor público.
Cada uno de los procesados deberá responder por las conductas que, según la Fiscalía, desempeñó dentro de la presunta organización.
Así habría operado la presunta red
Las investigaciones, sustentadas en interceptaciones telefónicas, declaraciones de víctimas y labores de Policía Judicial, permitieron establecer el supuesto funcionamiento de la organización.
De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes recibían dinero para realizar diversas actuaciones ilegales dentro de la entidad.
Entre las irregularidades investigadas aparecen:
- Entrega de motocicletas y vehículos inmovilizados sin cumplir los requisitos legales.
- Alteración y eliminación de comparendos de tránsito.
- Manipulación de los sistemas oficiales de información.
- Omisión del registro de vehículos ingresados a patios.
- Expedición irregular de licencias de conducción y licencias de tránsito.
- Matrículas de maquinaria amarilla sin cumplir requisitos.
- Eliminación de comparendos del sistema a cambio de dinero.
- Emisión de certificados con fechas alteradas.
- Venta de bienes que permanecían bajo custodia de la entidad.
Según el ente acusador, la organización incluso apagaba las cámaras de seguridad para retirar vehículos y autopartes sin dejar evidencia de los movimientos realizados.
Los roles dentro de la organización
La Fiscalía asegura que cada integrante cumplía funciones específicas dentro de la estructura.
El escrito sostiene que algunos funcionarios gestionaban la devolución irregular de vehículos, otros alteraban comparendos o manipulaban el sistema informático, mientras particulares retiraban motocicletas y automotores de los patios para posteriormente venderlos.
En el caso del exdirector William Iván Rojas Giraldo, el documento indica que presuntamente utilizaba las facultades de su cargo para favorecer trámites ilegales y recibir dinero por esas actuaciones.
Asimismo, otros servidores públicos habrían participado en la expedición irregular de licencias, la extracción de bienes bajo custodia y el favorecimiento de infractores mediante la modificación de procedimientos administrativos.
Más de 20 hechos fueron documentados
Durante la investigación, la Fiscalía logró documentar 20 hechos presuntamente delictivos ocurridos entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
Entre los episodios más relevantes figuran el presunto hurto de motocicletas inmovilizadas, la apropiación de autopartes y la desaparición de 32 cajas que contenían placas oficiales pertenecientes al Instituto de Tránsito de Pitalito.
Igualmente, el ente acusador señala que varios funcionarios habrían recibido sumas de dinero que oscilaban entre 300.000 y 1.350.000 pesos para agilizar la entrega irregular de vehículos inmovilizados o evitar que estos fueran registrados oficialmente en el sistema.
Uno de los hechos atribuidos al exdirector ocurrió el 19 de diciembre de 2023, cuando, según la Fiscalía, habría ejercido su influencia para facilitar la entrega de un vehículo inmovilizado sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, favoreciendo presuntamente a un ciudadano.
También se investiga la supuesta falsificación de registros en los libros oficiales de ingreso y salida de automotores, así como la manipulación de comparendos para beneficiar a determinados infractores.
Fiscalía sostiene que había una estructura permanente
El ente investigador concluye que no se trataba de hechos aislados, sino de una organización con permanencia en el tiempo y una estructura jerárquica claramente definida.
Según el escrito de acusación, el grupo funcionaba como una empresa criminal, con distribución de tareas, coordinación entre sus integrantes y un objetivo común orientado a obtener beneficios económicos mediante actividades ilícitas.
La Fiscalía afirmó que las pruebas recolectadas permiten sostener, con un alto grado de probabilidad, que las conductas investigadas ocurrieron y que los hoy acusados habrían participado en ellas.
Ahora será el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito con Funciones de Conocimiento el encargado de adelantar el juicio oral, escenario en el que la Fiscalía presentará las pruebas para buscar una eventual condena, mientras los procesados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Conforme al principio de presunción de inocencia, la responsabilidad penal de los acusados solo podrá establecerse mediante una sentencia judicial en firme.
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