Disidencias secuestran empresarios en Cali con falsas ofertas de negocio
Nueva modalidad de secuestro utiliza contratos, videollamadas y negociaciones ficticias para atraer víctimas al Valle del Cauca
Una preocupante modalidad de secuestro selectivo estaría siendo utilizada por estructuras armadas ilegales en el Valle del Cauca para captar empresarios y personas con alto perfil económico mediante engaños relacionados con supuestas oportunidades comerciales. Según denuncias conocidas en los últimos días, integrantes de la columna Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc, estarían detrás de una estrategia que combina inteligencia previa, documentos empresariales falsos y negociaciones simuladas para atraer a sus víctimas hasta Cali y posteriormente trasladarlas a zonas rurales de Jamundí.
La modalidad ha generado alarma entre empresarios nacionales y extranjeros debido al alto nivel de planificación con el que operan los responsables. Fuentes consultadas por diversos medios señalan que los delincuentes pueden sostener conversaciones durante varias semanas antes de concretar el encuentro, construyendo un escenario aparentemente legítimo que dificulta detectar el engaño.
Así funciona la estrategia de los secuestradores
De acuerdo con la información revelada, el esquema inicia con un acercamiento comercial aparentemente normal. Las víctimas reciben llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, correos electrónicos y documentos relacionados con supuestos negocios en sectores como construcción, minería, agroindustria, maquinaria pesada e inversiones.
Los delincuentes emplean estrategias sofisticadas para ganar credibilidad. Entre ellas se encuentran el envío de contratos preliminares, cartas de intención, documentos con membretes empresariales y referencias comerciales que parecen verificables. En algunos casos incluso utilizan números de identificación tributaria asociados a empresas reales o realizan videoconferencias previas para fortalecer la confianza de las víctimas.
Esta metodología permite que los empresarios perciban la negociación como una oportunidad legítima de negocios y acepten desplazarse hasta Cali para cerrar acuerdos o sostener reuniones presenciales.
Interceptación en puntos estratégicos
Según las denuncias conocidas, la fase crítica ocurre cuando la víctima llega al Valle del Cauca. Los presuntos responsables estarían monitoreando los desplazamientos desde el momento en que los empresarios aterrizan en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, o arriban a la Terminal de Transportes de Cali.
Una vez identificados, son abordados y trasladados rápidamente hacia zonas rurales y montañosas de Jamundí, territorio donde históricamente han tenido presencia grupos armados ilegales debido a las condiciones geográficas que facilitan la movilidad y dificultan los operativos de las autoridades.
La rapidez con la que se ejecuta la operación busca evitar que la víctima tenga la posibilidad de comunicarse con familiares, socios o autoridades antes de ser retenida.
Empresarios entre los principales objetivos
Las investigaciones y testimonios recopilados muestran un patrón claro en la selección de las víctimas. La mayoría corresponde a hombres entre los 45 y 65 años de edad vinculados a sectores económicos que manejan activos importantes o altos flujos de capital.
Empresarios de la construcción, inversionistas, propietarios de maquinaria, comerciantes y representantes de compañías agroindustriales figuran entre los perfiles más buscados por los delincuentes.
Además, muchas de las víctimas provienen de otras ciudades del país o del exterior y no cuentan con redes de apoyo locales en Cali, circunstancia que facilita las operaciones de seguimiento y reduce la posibilidad de una reacción inmediata ante una desaparición.
Expertos en derechos humanos consultados sobre estos casos consideran que los responsables realizan un proceso previo de perfilamiento financiero y personal para identificar objetivos con capacidad económica suficiente para responder a exigencias millonarias.
Exigencias económicas de hasta 800 millones de pesos
Una vez concretado el secuestro, comienza la etapa de presión económica sobre las familias. Según los reportes conocidos, las exigencias de dinero pueden oscilar entre los 200 y los 800 millones de pesos, dependiendo del perfil económico atribuido a la víctima.
Las negociaciones suelen prolongarse durante días o semanas y, en algunos casos, obligan a las familias a vender propiedades, liquidar inversiones o recurrir a préstamos para reunir los recursos exigidos por los captores.
Fuentes cercanas a algunos de los casos indicaron que varias víctimas han recuperado la libertad después de realizar pagos, siendo abandonadas posteriormente en sectores rurales del sur del Valle del Cauca sin medios de comunicación ni transporte.
Los liberados habrían recibido advertencias para no informar a las autoridades sobre lo ocurrido, una situación que contribuye a que numerosos casos permanezcan fuera de las estadísticas oficiales.
Una amenaza creciente en el Valle del Cauca
Defensores de derechos humanos y organizaciones sociales advierten que este fenómeno habría aumentado desde finales de 2025, coincidiendo con reportes de empresarios que fueron contactados mediante supuestas oportunidades de negocio que nunca llegaron a concretarse.
La principal preocupación radica en que esta modalidad representa una evolución del secuestro tradicional. A diferencia de los plagios masivos o de las retenciones con fines políticos registradas décadas atrás, los nuevos casos se caracterizan por una selección minuciosa de las víctimas y el uso de herramientas propias del mundo empresarial.
El empleo de contratos, reuniones virtuales, documentos corporativos y estrategias de inteligencia económica convierte estas operaciones en mecanismos mucho más difíciles de detectar y prevenir.
Autoridades mantienen las investigaciones
Las autoridades continúan recopilando información para establecer la magnitud real de esta modalidad criminal y determinar cuántos casos podrían estar relacionados con estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
Mientras avanzan las investigaciones, expertos en seguridad recomiendan a empresarios y ejecutivos verificar cuidadosamente la autenticidad de nuevas oportunidades comerciales, validar la existencia real de las empresas involucradas y mantener protocolos de seguridad cuando deban viajar para concretar negocios.
La creciente sofisticación de estas redes criminales evidencia cómo los grupos armados ilegales continúan adaptando sus mecanismos de financiación, combinando tácticas de inteligencia, engaño y coerción para obtener recursos económicos a través de secuestros selectivos que generan preocupación en el sector empresarial colombiano.
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