Disidencias imponen toque de queda en Nariño y amenazan con multas por no votar
A pocos días de la jornada electoral en Colombia, la situación de orden público en el suroccidente del país vuelve a generar preocupación. En el departamento de Nariño, disidencias de las Farc han impuesto un toque de queda y restricciones laborales para presionar a la población civil a participar en las elecciones, bajo amenaza de sanciones económicas.
Las medidas fueron confirmadas a través de un audio atribuido a un cabecilla del frente Franco Benavides, estructura perteneciente al Estado Mayor Central, en el que se detallan las decisiones adoptadas en la subregión de La Cordillera.
Restricciones para obligar a votar
En la grabación, el presunto comandante explica que las restricciones comenzarán desde el jueves previo a la jornada electoral, con el objetivo de evitar que los ciudadanos argumenten compromisos laborales como excusa para no acudir a las urnas.
“El tema principalmente es para las personas que deben salir a votar por fuera y que se gastan de pronto un día para ir y otro día para venir”, señala el hombre en el audio, justificando la medida como un mecanismo para facilitar el desplazamiento hacia los puestos de votación.
Aunque el cabecilla asegura que servicios como el transporte público, tiendas y restaurantes continuarán operando, la restricción estaría dirigida especialmente a trabajadores rurales, en particular aquellos que laboran en fincas y plantaciones.
Según el mensaje, los empleadores no podrán impedir que sus trabajadores se movilicen para ejercer el derecho al voto, lo que en la práctica constituye una imposición directa sobre las dinámicas laborales en la región.
Multas para quienes no participen
Uno de los aspectos más alarmantes del audio es la confirmación de sanciones económicas contra quienes decidan abstenerse de votar. El cabecilla es enfático al señalar que quienes no acudan a las urnas serán castigados con multas.
“Ya sabemos que las personas que no salgamos a votar vamos a tener multa”, afirma en la grabación, dejando en evidencia un mecanismo de presión que vulnera derechos fundamentales como la libertad de participación política.
El propio integrante del grupo armado indica que esta orden fue comunicada recientemente, razón por la cual no había sido socializada previamente con las comunidades.
Control territorial y presión electoral
La situación es especialmente crítica en zonas como el corregimiento de La Esmeralda, donde históricamente han tenido presencia grupos armados ilegales y donde, según el audio, se han registrado casos de abstención electoral en procesos anteriores por motivos laborales.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han advertido que este tipo de prácticas constituyen una forma de constreñimiento electoral, mediante la cual actores armados ilegales buscan influir en la participación ciudadana y, eventualmente, en los resultados de los procesos democráticos.
Preocupación por la seguridad en la región
La cordillera nariñense es una de las zonas más complejas en términos de seguridad en Colombia, debido a la presencia de múltiples estructuras armadas que ejercen control sobre amplios territorios rurales.
Estas organizaciones no solo se disputan economías ilegales, sino que también imponen normas de comportamiento a las comunidades, restringen la movilidad y ejercen control social, afectando la autonomía de los habitantes.
El nuevo episodio se suma a una serie de denuncias recientes sobre la injerencia de grupos armados en asuntos civiles y electorales en distintas regiones del país, en un contexto marcado por la polarización política y la cercanía de las elecciones.
Llamado a garantías electorales
Ante este panorama, crece el llamado a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad y garantizar condiciones libres y transparentes para el ejercicio del voto en zonas afectadas por el conflicto.
La presencia de organismos como la Fuerza Pública y entidades de observación electoral será clave para mitigar los riesgos y proteger a las comunidades frente a este tipo de presiones.
Mientras tanto, la población civil en Nariño enfrenta un escenario complejo, en el que el derecho a elegir se ve condicionado por amenazas y restricciones impuestas al margen de la ley, lo que pone en entredicho las garantías democráticas en territorios históricamente golpeados por la violencia.
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