Procuraduría destituye a docente de Chaparral por conducta indebida con una estudiante de seis años
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al docente Paulo Enrique Reinoso Mosquera, quien laboraba en la Institución Educativa La Risalda, en el municipio de Chaparral (Tolima), tras establecer su responsabilidad disciplinaria por una conducta indebida contra una estudiante de seis años ocurrida durante el año 2022.
El organismo de control impuso la sanción de destitución e inhabilidad especial por tres meses, al considerar que el comportamiento del educador vulneró las normas que protegen a los niños, niñas y adolescentes, así como los deberes éticos y legales propios del ejercicio de la función docente.
La Procuraduría comprobó una conducta inapropiada
De acuerdo con el fallo emitido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Tolima, durante la investigación se logró establecer que el docente sostuvo un contacto físico inapropiado con la menor dentro de las instalaciones de la institución educativa.
Según precisó el Ministerio Público, el profesor «propició un beso en la boca a la niña de seis años», conducta que fue considerada incompatible con las obligaciones que tienen los servidores públicos encargados de la formación y protección de los estudiantes.
Los hechos ocurrieron en el año 2022, cuando el docente ejercía funciones en el plantel educativo del municipio de Chaparral.
La conducta fue calificada como grave
Tras analizar las pruebas recaudadas durante el proceso disciplinario, la Procuraduría concluyó que el comportamiento del docente constituyó una infracción a los deberes funcionales establecidos para los servidores públicos del sector educativo.
El organismo determinó que la conducta fue grave y se cometió a título de dolo, al considerar que el educador actuó de manera consciente al realizar un comportamiento que vulneró los derechos de la menor.
En consecuencia, la entidad decidió imponer la sanción disciplinaria consistente en la destitución del cargo y una inhabilidad especial por tres meses para ejercer funciones públicas.
Protección reforzada para niños y adolescentes
En su decisión, la Procuraduría recordó que los docentes tienen una responsabilidad especial frente a la protección integral de los estudiantes, especialmente cuando se trata de menores de edad.
El organismo enfatizó que los servidores públicos vinculados al sistema educativo deben mantener relaciones exclusivamente pedagógicas con sus alumnos y evitar cualquier conducta que pueda afectar su integridad física, emocional o psicológica.
Asimismo, señaló que este tipo de comportamientos quebranta la confianza que debe existir entre las instituciones educativas, las familias y la comunidad escolar.
La Procuraduría reiteró los deberes del personal docente
Dentro del fallo, el Ministerio Público destacó que quienes ejercen funciones educativas deben garantizar ambientes seguros para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, recordó que las normas disciplinarias exigen a los docentes actuar con absoluto respeto por la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de sus estudiantes.
La entidad subrayó que cualquier actuación que exceda el ámbito pedagógico puede dar lugar a investigaciones y sanciones disciplinarias, sin perjuicio de otras acciones que puedan adelantarse por las autoridades competentes.
La decisión aún es de primera instancia
La sanción impuesta corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que el proceso disciplinario aún puede continuar conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
Mientras se resuelven las etapas procesales correspondientes, la decisión de la Procuraduría constituye un pronunciamiento disciplinario sobre la responsabilidad del docente frente a los hechos investigados.
Reafirman el compromiso con la protección de la infancia
Con esta decisión, la Procuraduría General de la Nación reiteró la importancia de garantizar entornos escolares seguros y libres de cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de los estudiantes. El organismo insistió en que los docentes, como servidores públicos, tienen el deber de actuar con estricto apego a los principios éticos y legales que rigen la educación, especialmente cuando se trata de la protección de niños, niñas y adolescentes. La sanción impuesta busca fortalecer la confianza en las instituciones educativas y reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de la infancia.
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