Polémica por el levantamiento de la suspensión de permisos para el porte de armas: Gobierno expide el Decreto 1368
El debate nacional sobre la seguridad ciudadana y la legítima defensa dio un giro trascendental tras la firma del Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026. Mediante esta medida, el presidente Abelardo De La Espriella materializó una de sus principales promesas de campaña al suspender la restricción generalizada para el porte de armas de fuego en Colombia, ordenanza que regía desde el año 2018 y que desató una inmediata ola de posturas encontradas a nivel político y territorial.
“La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor, por eso cumplo mi palabra. Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas y hoy les estamos cumpliendo a los ciudadanos de bien.” — Abelardo De La Espriella, Presidente de Colombia.
Los 5 pilares del Decreto 1368 de 2026
Desde la Presidencia de la República se enfatizó en que la medida no representa una venta libre e indiscriminada de armamento en las calles. El principio de monopolio estatal de las armas (establecido en el artículo 223 de la Constitución Política) y los requisitos del Decreto Ley 2535 de 1993 se mantienen vigentes. La nueva norma se fundamenta en los siguientes puntos clave:
| Pilar Normativo | Alcance y Contenido del Articulado |
|---|---|
| 1. Restablecimiento de permisos | Reactivación inmediata de la validez de salvoconductos individuales al día y sin sanciones vigentes. |
| 2. Eliminación de permiso especial | Se suprime el cobro y trámite burocrático de autorizaciones extraordinarias para movilizar el armamento. |
| 3. Monopolio estatal reservado | El Estado preserva la facultad discrecional de aprobar o denegar solicitudes bajo estrictos filtros médicos, psicológicos y judiciales. |
| 4. Excepciones insalvables | No aplica para permisos vencidos, suspendidos o cancelados, ni convierte la tenencia residencial en porte. |
| 5. Derogatoria de actos previos | Anula formalmente los decretos 2362 de 2018 y 1482 de 2025 que prorrogaban la prohibición global. |
Alta demanda colapsó la plataforma de Indumil
A las pocas horas de socializarse el contenido del decreto, la plataforma web oficial de la Industria Militar (Indumil) presentó una caída generalizada en sus servidores. Cientos de usuarios intentaron acceder simultáneamente para verificar requisitos y trámites de comercialización legal. Fuentes militares informaron que se evalúa si el colapso se debió al tráfico masivo o a un eventual ataque informático contra el portal de la entidad estatal.
Fuego cruzado de opiniones: Reacciones en el Huila y el país
El anuncio polarizó las opiniones entre bancadas defensoras de la legítima defensa y sectores opuestos a la proliferación de armas en la sociedad civil.
- César Oviedo (Concejal de Neiva): Catalogó la medida como riesgosa e irresponsable. “No se puede resolver la intolerancia urbana importando una visión armada. Esto genera mayor vulnerabilidad.”
- Wilfred Trujillo (Diputado del Huila): Calificó de razonable la medida frente al actuar de disidencias y bandas criminales. “No podemos dejar al ciudadano de bien completamente indefenso mientras cumpla los requisitos de ley.”
- Lourdes Mateus (Representante a la Cámara del Huila): Consideró la decisión como un abandono de los deberes del Estado. “Más armas en la calle significan más riesgo. Es trasladarle al ciudadano la responsabilidad de la seguridad.”
- Jaime Felipe Losada (Exrepresentante huilense): Respaldó con firmeza la iniciativa. “Garantías para la gente de bien y peso de la ley para los criminales. Apoyamos el derecho a proteger la vida y la familia.”
- María Fernanda Cabal (Exsenadora de la República): Argumentó que Colombia desarmó históricamente a los ciudadanos mientras los delincuentes se fortalecían. “El porte legal es el derecho constitucional a defender la vida.”
- Iván Cepeda (Senador Pacto Histórico): Calificó la norma como criminal. “Agregar proliferación de armas a un país golpeado por la violencia atenta contra la paz e incrementa los homicidios.”
Nota de la redacción: El Decreto 1368 reabre el debate de fondo entre el monopolio de la fuerza como garantía pública y el reclamo de sectores civiles por mecanismos de autoprotección. El reto para las Fuerzas Militares será garantizar filtros estrictos para evitar que la medida desborde la convivencia en los municipios.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
