Condenan a 10 años de prisión a ocupantes de una ambulancia que transportaban 200 kilos de base de coca en el Huila
A una pena de 10 años y 8 meses de prisión y una multa superior a los $2.335 millones de pesos fueron condenados Jhon Anderson Castillo Viveros (conductor y auxiliar de enfermería) y Luis Carlos Tulcanás Rosero. Ambos fueron hallados culpables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tras ser sorprendidos utilizando una ambulancia para transportar 200 kilos de base de coca en zona rural del municipio de Pitalito.
El operativo en el corregimiento de Bruselas
Los hechos juzgados se registraron el 15 de mayo de 2026 a las 2:30 de la tarde en la vereda El Cedro, del corregimiento de Bruselas. En un puesto de control vial coordinado por la Policía Nacional y el Batallón Magdalena del Ejército, las autoridades interceptaron la ambulancia de placa OUC-128 que se desplazaba por el sur del departamento.
Durante la inspección técnica al vehículo médico, los uniformados hallaron 118 paquetes envueltos en cinta amarilla, ocultos dentro de dos caletas acondicionadas en el techo y en el lateral derecho de la cabina de atención a pacientes. La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) confirmó un peso neto de 200.350 gramos de derivados de cocaína.
| Detalles del Fallo y del Procedimiento | Datos Oficiales del Expediente |
|---|---|
| Sentenciados | Jhon Anderson Castillo Viveros y Luis Carlos Tulcanás Rosero |
| Pena privativa de la libertad | 128 meses de prisión (10 años y 8 meses) |
| Sanción pecuniaria | 1.334 SMLMV ($2.335.707.270 COP) |
| Sustancia incautada | 200.350 gramos de base de coca (118 paquetes) |
| Lugar de la captura | Vereda El Cedro, Corregimiento de Bruselas (Pitalito, Huila) |
Preacuerdo con la Fiscalía avalado en Neiva
El fallo de primera instancia fue proferido por el Juez Tercero Penal Especializado de Neiva con Función de Conocimiento, luego de avalar la negociación celebrada entre los imputados —pertenecientes al resguardo indígena La Montaña, de Samaniego (Nariño)— y la Fiscalía 32 Especializada de la Dirección Contra el Narcotráfico.
A cambio de la aceptación voluntaria de su responsabilidad como coautores, la Fiscalía eliminó una causal de agravación punitiva únicamente para fijar la pena mínima aplicable, desvirtuando definitivamente la presunción de inocencia ante el contundente acervo probatorio.
“Lo que pretendía ser un mecanismo para evadir los controles de las autoridades terminó evidenciando el uso indebido de un vehículo destinado a la atención médica para ocultar sustancias ilícitas.” — Consideraciones del expediente judicial.
Comiso y destino de la ambulancia
Respecto a la ambulancia involucrada, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Manizales (Caldas) registra como propietario a un tercero (Miguel Viveros Ordóñez). Ante esto, la judicatura ordenó compulsar copias para que la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía e inicie los trámites legales ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE), garantizando el debido proceso a terceros de buena fe.
- Lugar de reclusión: Los condenados permanecerán bajo custodia del Inpec. La defensa solicitó su traslado al establecimiento carcelario de Túquerres (Nariño).
- Impacto jurídico: El juez resaltó la gravedad del delito por atentar contra la salud pública, el orden socioeconómico y la seguridad del Estado.
Nota de la redacción: La instrumentalización de misiones médicas para el tráfico de drogas constituye una grave infracción que pone en riesgo la credibilidad del transporte de urgencias en los corredores viales del sur de Colombia.
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