Neiva, Huila. La administración saliente de Colpensiones se encuentra bajo un nuevo foco de fiscalización tras revelarse la aprobación de un significativo incremento en las transferencias de recursos públicos destinadas a una de sus organizaciones sindicales. La medida no solo provocó el rechazo de otros sectores de trabajadores dentro de la entidad, sino que formalmente ya escaló a los estrados judiciales mediante una denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la Nación.
El origen de la controversia por el acuerdo con Sintracolpen
El meollo del debate se centra en las negociaciones colectivas iniciadas a mediados de 2026, en las cuales participaron cinco organizaciones de trabajadores. De acuerdo con documentos del proceso, los acuerdos alcanzados favorecieron de forma desproporcionada a la organización Sintracolpen, que vio triplicado el rubro asignado para su sostenimiento operativo.
- Monto anterior (2025): $32,5 millones de pesos repartidos bajo la convención previa.
- Nuevo rubro aprobado (2026): $110 millones de pesos asignados a una sola organización.
- Comparativa presupuestal: La cifra otorgada a Sintracolpen equivale a casi la totalidad ($125 millones) de lo que la entidad distribuyó entre cinco sindicatos durante todo el año anterior.
Acciones legales y denuncias ante la Fiscalía General
Ante lo que consideran una abierta vulneración a los principios de igualdad y libre asociación, la representación del sindicato Sintrasecfin radicó una denuncia penal contra el saliente presidente de la entidad, Jaime Dussán, y otros altos directivos de la institución.
La querella solicita al ente investigador determinar si dentro del marco de la negociación colectiva se incurrió en conductas irregulares o trato preferencial sin sustento técnico, afectando el equilibrio en la representación de los trabajadores.
Cuestionamientos a nombramientos en la planta directiva
A las tensiones por los recursos sindicales se suman observaciones frente a la vinculación de personal en cargos estratégicos durante el cierre de la administración. Entre las designaciones puestas bajo escrutinio público destacan:
- Mercedes Tunubalá Velazco: Exalcaldesa de Popayán, nombrada como jefa de oficina.
- Jhon Bairo Cohecha: Exaspirante político, asignado a un cargo administrativo en la seccional Pereira.
- Juan Carlos García: Excandidato local en Boyacá, vinculado como subdirector en la Vicepresidencia del Régimen de Prima Media.
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El manejo riguroso y equitativo de los presupuestos institucionales en las entidades encargadas del bienestar social es un pilar indispensable para preservar la confianza ciudadana. En momentos clave donde el sistema de protección social atraviesa profundas transformaciones normativas, la claridad en el destino de cada peso público resulta fundamental. Corresponderá a los organismos de control y a la fiscalía establecer la legalidad de estos acuerdos para dar tranquilidad a los millones de afiliados del país.
