Aseguradoras serían el ‘salvavidas’ de exalcaldes de Palermo: $380 millones ya se pagaron por condena fiscal
La sanción de inhabilidad que pesa sobre los exalcaldes del municipio de Palermo, Natalia Caviedes Chinchilla y Ricardo Moncaleano Perdomo, así como sobre cuatro de sus exfuncionarios, podría levantarse antes de lo previsto. LA NACIÓN conoció que la aseguradora La Previsora S.A. efectuó un pago inicial de $388.359.395 ante el ente de control, abonando a la condena fiscal de $910.675.433 impuesta por la Contraloría Departamental del Huila tras la compra irregular de tubería para el acueducto municipal en 2019.
Abono asegurado y cobro repetitivo a los sancionados
Aunque el desembolso de la aseguradora alivia de forma inmediata las arcas del Estado y detiene la causación de intereses moratorios para la póliza, la medida no extingue la responsabilidad patrimonial de los implicados. De acuerdo con la defensa técnica, las compañías aseguradoras procederán a repetir (cobrar de vuelta) contra los exservidores públicos condenados de manera solidaria.
A la fecha, el proceso se encuentra en etapa de verificación administrativa por parte de la Contraloría del Huila para validar si los recursos ingresaron efectivamente a las cuentas del Municipio y determinar el saldo pendiente por saldar.
| Concepto Fiscal | Detalle / Cuantía Registrada |
|---|---|
| Daño patrimonial indexado | $910.675.433 (Valor actualizado por IPC desde 2019). |
| Pago efectuado (La Previsora) | $388.359.395. |
| Estado de la sanción de inhabilidad | Vigente hasta que se cancele el 100% del capital e intereses. |
| Exalcaldes vinculados | Ricardo Moncaleano Perdomo (E) y Natalia Caviedes Chinchilla. |
| Otros exfuncionarios inhabilitados | Farley Saldaña, Arturo Culma, Reinaldo Rojas y Juan Pablo Castillo. |
La historia detrás del detrimento: una emergencia que no existía
El caso se remonta al año 2019, bajo la administración del entonces alcalde encargado Ricardo Moncaleano Perdomo, cuando se suscribió el contrato de compraventa 008 por más de $607 millones para adquirir tubería en PVC. El argumento oficial señalaba la urgencia de reparar la red de aducción del acueducto supuestamente afectada por la ola invernal.
Sin embargo, las auditorías técnicas de la Contraloría demostraron que el sistema original de hierro fundido operaba en perfectas condiciones con una vida útil proyectada de hasta 70 años. Adicionalmente, el material en PVC adquirido resultó ser incompatible con la topografía de alta pendiente de Palermo, expuesta a constantes deslizamientos de rocas.
“La entidad nunca solicitó al Municipio la compra de los materiales. La decisión obedeció exclusivamente a la necesidad de ejecutar recursos antes de que concluyera la vigencia presupuestal de 2019.” — Declaración del exgerente de Empresas Públicas, Reinaldo Rojas, citada en el fallo.
Responsabilidad heredada y ‘bienes inertes’
La investigación salpicó igualmente a la exalcaldesa Natalia Caviedes Chinchilla (periodo 2020-2023). Aunque la compra se gestionó en el gobierno anterior, el órgano de control fiscal determinó que en su administración no se adoptaron medidas de remediación, permitiendo que la tubería permaneciera arrimada en bodega durante años perdiendo valor comercial frente a la inflación.
La Contraloría tipificó estos insumos como «bienes inertes», al comprobarse que jamás fueron instalados ni aportaron ningún beneficio operativo al acueducto ni a la comunidad palermuna.
¿Cómo se levantará la inhabilidad para contratar y ejercer cargos?
Para que la Función Pública reactive la capacidad legal de los exmandatarios y exsecretarios, el Municipio de Palermo debe recibir la totalidad de los $910 millones más los intereses causados.
- Cobro solidario: El saldo faltante (superior a los $500 millones) deberá ser asumido por los responsables fiscales de forma directa o prorrateada según lo disponga el ente de control.
- Liberación de la deuda: El pago total realizado por cualquiera de los sancionados exime a los demás frente al Estado, aunque persistan las acciones civiles de repetición entre las partes.
- Segunda póliza: Se está a la espera del pago de una segunda compañía aseguradora vinculada al proceso contractual.
Nota de la redacción: Mientras la Contraloría no expida la certificación de paz y salvo por la totalidad del monto condena, la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas y la contratación estatal continúa en firme para todos los implicados.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
