¿Por qué la Andi pidió mantener el aumento del 23,7 % del salario mínimo pese a riesgos inflacionarios?
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, sorprendió al solicitar que se mantenga el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, pese a que el gremio había advertido meses atrás sobre posibles efectos inflacionarios y riesgos para el empleo formal.
La petición se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijó dicho incremento, obligando al Gobierno a expedir una nueva norma transitoria mientras se resuelve el proceso judicial de fondo.
“Sería muy complejo retroceder”
En declaraciones a Caracol Radio y Blu Radio, Mac Master explicó que, aunque el aumento genera presiones económicas, revertirlo ahora tendría un impacto social significativo.
“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, afirmó.
El dirigente gremial reconoció que el incremento del 23,7 % produce una presión en costos que se traduce en dos efectos principales: aumento de la inflación y mayores dificultades para pequeñas y medianas empresas (pymes). Según sus declaraciones, en enero de 2026 la inflación habría alcanzado el 5,35 %, cifra que, en su opinión, refleja parte de ese impacto.
Cambio de postura: estabilidad vs. advertencias
La posición de la Andi llama la atención porque, en diciembre de 2025, durante la negociación del salario mínimo, el gremio advirtió que un aumento por encima de la inflación y la productividad podría afectar el empleo formal.
Sin embargo, el contexto actual es distinto. El incremento ya fue aplicado y millones de trabajadores lo incorporaron a sus presupuestos familiares. Para la Andi, dar marcha atrás podría generar incertidumbre y afectar la confianza económica.
Mac Master enfatizó que la organización no participó en las demandas contra el decreto y que la decisión institucional fue cumplir con el aumento decretado por el Gobierno. También calificó la decisión del Consejo de Estado como “inédita”, en referencia a la suspensión provisional de un decreto de salario mínimo ya en ejecución.
Debate jurídico y nueva reunión
El Gobierno convocó para este lunes 16 de febrero una sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con el fin de discutir la expedición de un nuevo decreto transitorio que cumpla los criterios legales exigidos por el alto tribunal.
No obstante, Mac Master aclaró que, desde el punto de vista jurídico, no existe formalmente una nueva mesa de concertación abierta, por lo que prefirió no anticipar resultados.
El debate gira en torno a si el Ejecutivo mantendrá el incremento del 23,7 % inicialmente fijado o si optará por ajustarlo a un rango cercano al 6 % o 7 %, cifras que en su momento propusieron varios gremios con base en indicadores de inflación y productividad.
Petro insiste en el “salario vital”
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido el aumento y descartado que sea el origen de la inflación. El mandatario anunció que el nuevo decreto requerirá más tiempo para su estructuración, pues se deben aclarar aspectos del fallo judicial.
Petro solicitó a los ministros de Hacienda y Trabajo presentar un nuevo enfoque sobre el concepto de “salario vital”, entendido como el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas familiares. Además, ha planteado la necesidad de discutir el nivel de las tasas de interés del Banco de la República, al considerar que su actual nivel incide en el comportamiento económico.
¿Por qué mantenerlo pese a los riesgos?
La explicación de la Andi combina dos dimensiones:
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Realidad social: El aumento ya está en manos de los trabajadores y su reversión podría generar descontento y desestabilización económica en millones de hogares.
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Seguridad jurídica y confianza: Cambiar una decisión ya aplicada podría enviar señales de incertidumbre al mercado laboral.
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Costo político y empresarial: Ajustar el salario hacia abajo podría generar tensiones sociales mayores que las presiones inflacionarias actuales.
Al mismo tiempo, el gremio no desconoce los efectos económicos. Mac Master reiteró que el incremento genera “costos inmensos” que ya se están presentando, especialmente para pymes, y advirtió que esta situación no debería repetirse en el futuro sin un análisis técnico más riguroso.
Un equilibrio delicado
La discusión refleja la complejidad del momento económico: mientras el Gobierno defiende la protección del poder adquisitivo y convoca movilizaciones en respaldo al salario mínimo, los empresarios intentan equilibrar estabilidad social con sostenibilidad financiera.
En el fondo, el dilema es claro: mantener el 23,7 % podría sostener el ingreso de los trabajadores en el corto plazo, pero también implica presiones inflacionarias y desafíos para el empleo formal. Reducirlo, en cambio, podría aliviar costos empresariales, pero generaría un fuerte impacto político y social.
La decisión final dependerá del nuevo decreto que expida el Gobierno y de la sustentación técnica que presente ante el Consejo de Estado. Mientras tanto, la Andi apuesta por evitar un retroceso que, según su presidente, “sería muy delicado” para más de dos millones de familias colombianas.
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