Víctimas exigen verdad total en la JEP por falsos positivos
En un ambiente cargado de tensión, dolor y exigencias de justicia, víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” confrontaron directamente a altos mandos retirados del Ejército Nacional de Colombia durante una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá. El encuentro, enmarcado en la Fase Nacional del Caso 03, dejó en evidencia el reclamo urgente por una verdad completa que esclarezca responsabilidades en la cadena de mando.
La audiencia se llevó a cabo en el contexto del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, un escenario simbólico que reunió a 32 víctimas provenientes de regiones como Arauca, Santander, Cundinamarca y Boyacá. Allí, sobrevivientes y familiares de las víctimas no solo escucharon las versiones de los comparecientes, sino que también alzaron su voz para exigir respuestas claras y contundentes.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Mayola Esther Inela, quien relató el asesinato de su esposo, Aníbal Alfonso Castillo Ayala. Según su declaración, él fue engañado con falsas promesas de trabajo y posteriormente ejecutado el 1 de junio de 2007 en San Martín, Cesar, siendo presentado como una baja en combate. Su intervención reflejó el dolor acumulado durante años y la necesidad de conocer la verdad sin omisiones.
“Quiero que los señores generales del Ejército se pongan la mano en el corazón y nos digan la verdad”, expresó con firmeza, evidenciando el clamor de cientos de familias afectadas por estos hechos.
Durante la jornada, las víctimas también cuestionaron la lógica institucional que, en su momento, habría incentivado este tipo de prácticas. Denunciaron que existía una presión por mostrar resultados operacionales medidos en cifras de muertes, lo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos.
Carlos Ardila Vaca, hermano de otra víctima, Miguel Ardila Vaca, asesinado en 2007 en Boyacá, fue enfático al señalar que la verdad no puede ser parcial. “Este no es un mensaje de odio, sino de verdad y conciencia. Hubo un tiempo en que se hablaba de resultados medidos en muertes, en el que se llegó a pedir litros de sangre, como si la vida humana pudiera medirse en cifras”, afirmó.
Su intervención puso sobre la mesa una de las principales exigencias de las víctimas: esclarecer cómo operaban las estructuras internas del Ejército y cuál fue el rol de los altos mandos en estos crímenes. “La historia no puede escribirse a medias. El país necesita saber cómo ocurrió, por qué ocurrió. Expliquen las cadenas de mando. La verdad completa no es un favor, es un deber moral”, agregó.
La Fase Nacional del Caso 03, liderada por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez, tiene como objetivo determinar la responsabilidad de los altos mandos militares en estos hechos. Este proceso busca ir más allá de las responsabilidades individuales para establecer si existieron patrones sistemáticos y decisiones institucionales que permitieron la comisión de estos crímenes.
Hasta el momento, la JEP ha escuchado en audiencia a 15 generales retirados del Ejército, entre ellos figuras clave como Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y otros altos oficiales que ocuparon cargos estratégicos entre 2005 y 2008, periodo en el que se registró el mayor número de casos de falsos positivos.
Uno de los momentos más esperados será la continuación de la versión voluntaria del general (r) Mario Montoya, programada para los días 23 y 24 de abril en Bogotá. Su testimonio es considerado crucial para esclarecer las decisiones tomadas en la cúpula militar durante esos años.
El proceso en la JEP representa una oportunidad histórica para que Colombia avance hacia la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, las víctimas han sido claras: no aceptarán versiones incompletas ni evasivas. Su lucha no solo busca justicia para sus seres queridos, sino también garantizar que estos hechos no se repitan.
En medio del dolor, las voces de las víctimas siguen marcando el camino hacia la memoria y la dignidad. La exigencia es contundente: verdad total, reconocimiento pleno y responsabilidad sin excepciones. Solo así, aseguran, será posible cerrar una de las páginas más dolorosas del conflicto armado colombiano.
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