Escándalo en Invías: denuncian irregularidades en programa Vías para la Paz
Un nuevo escándalo sacude al Gobierno colombiano tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en el programa Vías para la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro para intervenir vías terciarias en distintas regiones del país.
El señalamiento fue hecho por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien advirtió posibles fallas graves en los procesos de contratación adelantados por el Instituto Nacional de Vías (Invías), incluyendo la aprobación de proponentes cuya experiencia no ha sido debidamente verificada.
Señalamientos por falta de verificación
De acuerdo con Idárraga, existe preocupación por la forma en que se han gestionado algunas licitaciones dentro del programa, especialmente el proceso identificado como licitación n.° 038.
El funcionario aseguró que, pese a múltiples advertencias realizadas por diferentes actores, entre ellos la Contraloría General de la República, se habrían mantenido habilitados oferentes que no cumplen con los requisitos exigidos.
En particular, señaló a la ingeniera Ruby Amparo Malaver, subdirectora de procesos de selección contractual de Invías, como responsable de continuar con la habilitación de ciertos proponentes cuya experiencia genera dudas.
“Resulta inquietante que se mantengan habilitados oferentes cuya experiencia no ha podido ser verificada”, expresó Idárraga, enfatizando que esta situación compromete la transparencia del proceso.
Posibles inhabilidades en la licitación
Además de la falta de verificación en la experiencia de los contratistas, la denuncia también advierte sobre una posible causal de inhabilidad en uno de los oferentes, relacionada con la participación de su revisor fiscal.
Este hecho podría afectar la legalidad del proceso licitatorio y abrir la puerta a sanciones o investigaciones disciplinarias si se comprueba alguna irregularidad.
El secretario de Transparencia solicitó una revisión exhaustiva de las condiciones habilitantes de todos los proponentes involucrados, así como la adopción de medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de los principios de contratación estatal.
Antecedentes del caso
No es la primera vez que se lanzan alertas sobre el programa Vías para la Paz. Hace menos de un mes, Idárraga ya había denunciado inconsistencias relacionadas con la empresa Urbacón S.A.S., que habría presentado certificaciones de experiencia difíciles de verificar.
Según la denuncia, uno de los documentos correspondería a un contrato firmado en 1982 con el desaparecido Fondo de Caminos Vecinales, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de las autoridades para validar dicha información.
En la más reciente advertencia, el funcionario reiteró que no existe una justificación clara para permitir que esta compañía continúe participando en el proceso, teniendo en cuenta que sus certificaciones no han sido confirmadas.
Tensión dentro del Gobierno
Este nuevo episodio se suma a las tensiones internas que se han evidenciado en el Gobierno, particularmente entre figuras como Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Angie Rodríguez, encargada del Fondo Adaptación.
Las diferencias entre altos funcionarios han dejado en evidencia disputas internas en torno a la ejecución de proyectos estratégicos y el manejo de recursos públicos.
En este contexto, la denuncia de la Secretaría de Transparencia añade presión sobre las entidades responsables de la infraestructura vial, en especial el Invías, que ahora enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de sus procesos.
Llamado a garantizar transparencia
Idárraga fue enfático en su llamado a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas que garanticen la legalidad en la contratación pública.
“Es necesario asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad”, reiteró el funcionario, dejando claro que las irregularidades detectadas podrían afectar la confianza en el programa.
Un programa clave bajo la lupa
El programa Vías para la Paz fue concebido como una estrategia para mejorar la conectividad en zonas rurales mediante la intervención de vías terciarias, muchas de ellas ejecutadas con el apoyo de Juntas de Acción Comunal.
Sin embargo, las denuncias recientes ponen en entredicho su ejecución y plantean interrogantes sobre los controles aplicados en la selección de contratistas.
Analistas advierten que, de confirmarse las irregularidades, el impacto no solo sería administrativo, sino también político, al tratarse de uno de los proyectos emblemáticos del actual Gobierno.
Por ahora, el caso sigue en desarrollo y se espera que los organismos de control y las autoridades competentes avancen en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
La controversia en torno a Invías y el programa Vías para la Paz se perfila como uno de los temas clave en la agenda pública, en un momento en el que la transparencia en la gestión estatal continúa siendo una de las principales demandas de la ciudadanía.
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