Expertos advierten posibles implicaciones penales y disciplinarias por los beneficios que habría recibido como primera dama pese a no mantener vínculo con el mandatario.
El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al confirmar que lleva varios años separado de Verónica Alcocer, quien hasta ahora se desempeñaba públicamente como primera dama de la Nación. La revelación, que se suma al reciente escándalo por la inclusión del mandatario y su círculo familiar en la lista Clinton, ha abierto un nuevo frente judicial y político.
Según el propio jefe de Estado, la separación con Alcocer ocurrió “hace varios años”, lo que pone en entredicho los actos, viajes y contratos que ella habría suscrito bajo ese rol protocolario. Expertos en finanzas criminales advirtieron que podrían existir presuntas conductas irregulares y responsabilidades administrativas y penales tanto de Alcocer como de funcionarios del Estado que facilitaron su gestión.
“Es un tema muy grave porque esto podría llevar a unas presuntas conductas criminales por parte de la primera dama y de las entidades del Estado que han facilitado la contratación administrativa. El vínculo matrimonial no existe, entonces Verónica Alcocer no tiene ese estatus de primera dama”, señaló Juan Carlos Portilla, profesor y experto anticrimen financiero.
Portilla explicó que, de acuerdo con la revelación presidencial, la Fiscalía General de la Nación debería abrir una investigación formal para determinar si hubo irregularidades en los contratos y gastos ejecutados por Alcocer en calidad de primera dama.
Entre las cifras que se han hecho públicas, el experto mencionó la ejecución de presupuestos superiores a los mil millones de pesos en servicios personales como maquilladores, masajistas y acompañantes de viaje. “Podríamos estar frente a una estafa por beneficio de terceros, pues ella no tenía el título de primera dama ni convivía con el presidente”, precisó.
El académico también señaló que Alcocer representó a Colombia en varios escenarios internacionales bajo un cargo que, según lo revelado por Petro, no tenía fundamento legal ni institucional.
“Se puede producir lo que es un engaño buscando un beneficio patrimonial en favor de terceros. Los contratistas que participaron en esos procesos habrían recibido beneficios por asesorar a una figura que jurídicamente no existía”, puntualizó Portilla.
Hasta el momento, Verónica Alcocer no se ha pronunciado públicamente sobre su inclusión en la lista Clinton ni sobre las declaraciones del presidente Petro respecto a su separación. Tampoco lo ha hecho Nicolás Petro, hijo del mandatario, ni el ministro del Interior, Armando Benedetti, también mencionados en la misma lista.
La Fiscalía y los organismos de control aún no han anunciado si iniciarán actuaciones de oficio frente a los hechos revelados.
