UPC 2026: el aumento que acerca la salud al colapso
A solo horas de que Colombia despidiera 2025, el Gobierno nacional encendió una nueva alarma en el ya golpeado sistema de salud. El Ministerio de Salud reveló el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, una decisión clave que, lejos de generar alivio, provocó una reacción unánime de rechazo entre pacientes, hospitales, EPS y gremios médicos.
El ajuste fijado fue del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el subsidiado, lo que arroja un promedio del 12,94 % en todo el sistema. Sin embargo, para los actores del sector, la cifra resulta insuficiente y peligrosa, sobre todo si se compara con el aumento del salario mínimo del 23,7 %, decretado apenas un día antes.
Un sistema que gasta más de lo que recibe
La UPC es el corazón financiero del sistema de salud: es el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención. El problema, advierten los expertos, es que desde hace años ese valor no alcanza.
“El sistema está desfinanciado. Por cada 100 pesos que reciben las EPS por paciente, gastan más de 104”, explicó el exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán. Una brecha que, lejos de cerrarse, se profundiza con el nuevo ajuste.
El panorama con el que cierra 2025 es crítico: deudas de las EPS con hospitales que alcanzan los 22 billones de pesos, según la Contraloría, y más de la mitad de los colombianos afiliados a EPS intervenidas, que además presentan los peores indicadores financieros y de atención.
“Un atentado contra la vida”
La reacción más contundente vino de Pacientes Colombia, que agrupa a 202 organizaciones en todo el país. Para el movimiento, el aumento aprobado no solo es bajo, sino que pone en riesgo directo a los usuarios.
“El incremento del 9,03 % de la UPC es un atentado contra la vida y empuja al sistema de salud al colapso”, afirmó la organización.
Su vocero, Denis Silva, fue aún más claro: una UPC insuficiente se traduce en tratamientos suspendidos, servicios cerrados y pacientes desprotegidos. “No es un problema técnico, es una vulneración del derecho fundamental a la salud”, sostuvo.
Hospitales, EPS y laboratorios en alerta
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) advirtió un “desfase significativo” entre el incremento de la UPC y el alza del salario mínimo, un costo que impacta directamente las nóminas y la operación diaria de las clínicas.
Desde las EPS, ACEMI aseguró que el régimen contributivo requería un aumento cercano al 17 %. Con la inflación proyectada, el ajuste real aprobado sería de apenas entre 4 % y 5 %, insuficiente para cubrir la creciente demanda de servicios.
A este coro de críticas se sumó Afidro, el gremio de los laboratorios farmacéuticos, que señaló que el incremento no cumple los lineamientos de la Corte Constitucional y mantiene una brecha financiera que terminará afectando, una vez más, a los pacientes.
Alta tensión y un futuro incierto
Aunque el Ministerio de Salud insiste en que el ajuste implica 11,6 billones de pesos adicionales y permitirá estabilizar el sistema, el consenso entre los actores es otro: el sistema de salud entra a 2026 con una presión financiera aún mayor y sin una ruta clara para evitar el colapso.
La advertencia es unánime y contundente: si no se corrige el rumbo, el costo no será solo económico, sino humano.
