Ya son dos meses desde que tres predios rurales en el municipio de La Plata (Huila) fueron invadidos por integrantes de la Asociación de Campesinos del Occidente del Huila, sin que hasta ahora se logre una solución definitiva. Las fincas El Madroñal, El Congreso y El Cedro siguen ocupadas, mientras los propietarios piden respuestas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mantiene suspendidas las negociaciones.
Marcela Losada, propietaria de una de las fincas, expresó su frustración ante la falta de acción:
“Vamos a cumplir los dos meses y no ha pasado absolutamente nada. La gente continúa allá en la finca”.
A la ocupación campesina se sumó la llegada de la comunidad indígena del resguardo Nam Misak, quienes aseguran que la finca El Cedro fue adjudicada legalmente a su pueblo por la ANT. “Nosotros no queremos conflictos con ellos (los campesinos). Ingresamos defendiendo el proceso legal que llevamos”, afirmó Francy Luz Aida Calambas Tombe, secretaria general del resguardo.
Las autoridades locales —entre ellas la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno del Huila y representantes de la ONU— han sostenido varias reuniones con las partes involucradas. Sin embargo, los campesinos insisten en permanecer en los terrenos hasta que la ANT cumpla los acuerdos que, según ellos, fueron pactados previamente.
El personero de La Plata, Juan Carlos Penagos, confirmó que los procesos legales avanzan lentamente:
“Las querellas por invasión siguen su curso normal, pero el panorama no es alentador. La ANT ha sido enfática en que mientras los campesinos permanezcan dentro de los predios, no se puede avanzar en las negociaciones”.
Mientras tanto, los dueños de las fincas viven entre la incertidumbre y la desesperanza, esperando una respuesta concreta del Estado. Los indígenas del resguardo Nam Misak, por su parte, aseguran que permanecerán en El Cedro hasta que se formalice la escritura del terreno, como parte del proceso de adjudicación que adelantan ante la ANT.
En el lugar aún permanecen unas diez familias campesinas, y la tensión se mantiene alta, mientras ambos grupos —campesinos e indígenas— insisten en que su causa es legítima. La comunidad de La Plata teme que la falta de soluciones aumente los conflictos por la tierra en la región.
