La Superintendencia de Sociedades encendió las alarmas en el fútbol colombiano al anunciar que el Deportivo Pereira fue sometido al régimen de control, el máximo grado de supervisión contemplado en la legislación colombiana, tras detectar una profunda crisis jurídica, contable y administrativa al interior del club.
La decisión fue adoptada este viernes 16 de enero de 2026, luego de una actuación administrativa en la que el organismo de control verificó una situación crítica que compromete seriamente la estabilidad de la sociedad deportiva, conocida como el conjunto matecaña.
El máximo grado de supervisión sobre el club
El sometimiento a control, previsto en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, otorga a la Supersociedades amplias facultades sobre la institución. Entre ellas, la posibilidad de impartir órdenes directas a los administradores, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir actos y operaciones, y realizar un seguimiento permanente a la gestión del club.
De acuerdo con la entidad, el objetivo principal de esta medida es garantizar el cumplimiento del marco legal, la transparencia de la información financiera y la adopción de correctivos frente a los riesgos detectados, evitando un mayor deterioro de la situación empresarial.
“La finalidad es propiciar la recuperación integral de la sociedad mediante un acompañamiento técnico y preventivo”, explicó la Superintendencia, al señalar que este tipo de control permite actuar de manera oportuna ante irregularidades graves.
Una decisión en medio de sanciones y denuncias
La determinación llega en uno de los momentos más complejos en la historia reciente del Deportivo Pereira. A finales de 2025, el club se acogió a la ley de insolvencia debido a una severa crisis financiera que derivó en deudas salariales de hasta dos meses con sus jugadores.
Esta situación provocó que varios futbolistas rescindieran sus contratos por justa causa y denunciaran presuntos bloqueos para fichar con otros equipos, hechos que fueron respaldados por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), la cual acusó al club y a la Dimayor de vulnerar el derecho al trabajo.
A este panorama se suma la revocatoria del reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte, la suspensión de actividades ordenada por el Ministerio de Trabajo y una sanción de la FIFA que le impide inscribir nuevos jugadores.
La Supersociedades habla de protección y recuperación
El superintendente Billy Escobar aseguró que la medida busca proteger a los diferentes grupos de interés vinculados al club, incluyendo jugadores, empleados, acreedores y la afición.
“Este control pretende la protección de los diferentes grupos de interés a través de acciones preventivas y correctivas que permitan fortalecer el gobierno corporativo y la sostenibilidad de la empresa”, señaló el funcionario.
La entidad aclaró que la decisión admite recursos de reposición y apelación, conforme a lo establecido por la ley.
Un problema recurrente en el fútbol colombiano
La crisis del Deportivo Pereira no es un caso aislado. En el pasado, otros clubes como Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, América de Cali y Real Cartagena han pasado por procesos de reorganización e intervención bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, debido a deudas, inconsistencias contables y conflictos laborales.
En el caso del Pereira, esta nueva intervención confirma un problema estructural que ya había tenido antecedentes y que ahora pone en riesgo la continuidad institucional del club dentro del fútbol profesional colombiano, más allá de lo estrictamente deportivo.
