SuperSalud niega manejo de contratos en ESE intervenidas tras denuncias en Maicao
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) salió al paso de las denuncias que han generado controversia en el sector salud y en el escenario político nacional, al aclarar que no ordena, ejecuta ni administra los procesos de contratación de las Empresas Sociales del Estado (ESE), incluso cuando estas se encuentran bajo intervención administrativa.
El pronunciamiento oficial fue emitido este miércoles 21 de enero, en medio de señalamientos sobre presuntas presiones indebidas en la gestión contractual del Hospital San José de Maicao y otras ESE intervenidas, hechos que han despertado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.
Según explicó la entidad, su rol como organismo de vigilancia y control se limita a supervisar la correcta administración de las ESE intervenidas, sin interferir en los procesos contractuales que, por ley, son responsabilidad de los gerentes o interventores designados.
“La Superintendencia Nacional de Salud no ordena, no ejecuta ni administra procesos de contratación en las ESE, aun cuando estas se encuentren bajo medida de intervención”, señaló la entidad, al tiempo que reiteró que la transparencia, la ética y el uso adecuado de los recursos públicos son pilares fundamentales de su gestión.
La aclaración surge tras conocerse denuncias que apuntan a presuntas presiones ejercidas sobre interventores y directivos del Hospital San José de Maicao para modificar los procedimientos habituales de compra. De acuerdo con los testimonios conocidos, durante algunas reuniones se habría restringido el ingreso de personal y se habría insistido en cambiar los mecanismos de adquisición de medicamentos, insumos médicos y servicios de laboratorio.
Las denuncias indican que la supuesta intención detrás de estas acciones sería evitar procesos de licitación pública y concentrar las compras bajo esquemas directos y centralizados, lo que ha generado preocupación entre sectores que advierten posibles riesgos de opacidad y concentración de decisiones en la gestión de recursos.
Frente a estos señalamientos, la SuperSalud informó que inició acciones de verificación interna con el fin de establecer si existieron irregularidades. La entidad subrayó que estas actuaciones se adelantan respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los servidores públicos involucrados.
“Se han iniciado las verificaciones internas correspondientes para esclarecer los hechos denunciados, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas mencionadas”, indicó la Superintendencia en su comunicado.
Uno de los elementos que más controversia ha generado en este caso es la reciente entrega de dos lanchas ambulancia al Hospital San José de Maicao por parte del Ministerio de Salud. La inversión, que asciende a cerca de 1.680 millones de pesos, fue duramente cuestionada debido a que Maicao es un municipio ubicado en el desierto de La Guajira y no cuenta con mar ni ríos navegables.
Este hecho desató críticas desde distintos sectores, que cuestionaron la pertinencia técnica de la adquisición y la planeación del gasto público. Hasta el momento, no se ha aclarado de manera detallada cuál sería el destino operativo de estas lanchas ni bajo qué criterios técnicos se justificó su entrega a un municipio sin cuerpos de agua aptos para su uso.
A la polémica se suman los señalamientos que involucran a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de servicios de la SuperSalud y esposa del ministro de Salud. Según las denuncias, Gómez Consuegra habría participado en reuniones en las que se habrían planteado cambios en los esquemas de contratación de las ESE intervenidas.
La funcionaria ha negado de manera categórica haber impartido directrices específicas relacionadas con la contratación y aseguró que su actuación se ha limitado al marco de sus funciones legales. Además, presentó certificaciones y documentos que, según su versión, respaldan su actuación y descartan cualquier injerencia indebida en los procesos contractuales.
El Hospital San José de Maicao continúa bajo intervención administrativa, una medida que ha sido prorrogada hasta junio de este año. Esta figura permite al Estado ejercer un control especial sobre la gestión de la institución, con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y la correcta administración de los recursos.
Desde la SuperSalud se insistió en que su papel en estos casos es el de verificar posibles irregularidades y adoptar las medidas que correspondan dentro del marco legal, sin sustituir las competencias de los administradores de las ESE.
Por ahora, las verificaciones internas avanzan para determinar si existieron presiones indebidas, quiénes habrían participado en ellas y si procede la adopción de sanciones, correctivos o recomendaciones administrativas. Entretanto, siguen sin resolverse interrogantes clave sobre la planeación y ejecución de algunas inversiones, como el caso de las lanchas ambulancia, que se ha convertido en símbolo de la controversia.
El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de las ESE intervenidas, la transparencia en la contratación pública y los controles efectivos sobre el uso de los recursos del sistema de salud, un tema especialmente sensible en regiones con profundas necesidades sociales como La Guajira.
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