Sergio Israel aceptó que mató a ciclista en Neiva
El funcionario de la Superintendencia de Transporte, Sergio Israel Rojas Serrano, aceptó su responsabilidad en la muerte del ciclista Juan Carlos García Sastoque y en las lesiones permanentes causadas a su hermano César Augusto García Sastoque, luego de arrollarlos con su vehículo cuando conducía en estado de embriaguez, en la ciudad de Neiva.
La aceptación de cargos se dio durante una audiencia ante la Jueza Primera Penal del Circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, donde el procesado reconoció su responsabilidad por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones personales culposas agravadas.
El siniestro ocurrió en la madrugada del 3 de noviembre de 2024, en el sector de la carrera Sexta W con calle 25, barrio Plazas Alcid, cuando Rojas Serrano, al volante de un automóvil Mustang rojo, arrolló a los dos hermanos que se movilizaban en bicicleta. Como consecuencia del impacto, Juan Carlos García Sastoque falleció por politraumatismos.
Su hermano, César Augusto García Sastoque, sobrevivió, pero sufrió lesiones permanentes, entre ellas deformidad física en el rostro y el cuerpo, perturbación funcional del miembro superior izquierdo, afectación del sistema de prensión y daños en el sistema nervioso central.
Durante la diligencia judicial, el acusado aceptó los señalamientos formulados por la Fiscalía. Como parte del preacuerdo, el ente acusador anunció una pena de 60 meses de prisión, una multa de 72 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $102.492.000, y la privación del derecho a conducir vehículos por 70 meses.
La jueza indicó que el próximo 24 de febrero de 2026 se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si se legaliza o no el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía, el acusado y su defensa.
Investigación adicional
El abogado de las víctimas, Néstor Pérez Gasca, informó que se solicitó compulsar copias para que se investigue a Rojas Serrano por un nuevo delito, debido a que el día del accidente conducía con la licencia suspendida, lo que podría configurar fraude a resolución judicial o administrativa.
