Secuestraron y asesinaron a taxista en Neiva para no pagarle una deuda
El secuestro y asesinato del taxista Jaime Bautista Charry estremeció a Neiva y dejó al descubierto una red criminal que intentó ocultar un crimen común bajo la fachada de supuestas disidencias armadas. La víctima fue asesinada apenas cuatro días después de haber sido secuestrada, mientras su familia seguía negociando un rescate creyendo que aún estaba con vida.
Durante semanas, los responsables sostuvieron una mentira cruel: fingieron pertenecer a un grupo insurgente y continuaron realizando llamadas extorsivas mientras el cuerpo del taxista permanecía enterrado en una fosa clandestina cerca del río Magdalena, en el sector de Buziraco.
El secuestro que terminó en tragedia
Todo comenzó cuando la familia de Jaime Bautista recibió llamadas en las que exigían inicialmente 400 millones de pesos a cambio de su liberación. Las amenazas eran constantes y los delincuentes aseguraban pertenecer a una estructura armada ilegal.
Sin embargo, lo que los familiares desconocían era que el taxista ya había sido asesinado. Según las investigaciones, fue degollado pocos días después de su secuestro y enterrado en una fosa improvisada en una zona apartada.
A pesar de ello, las llamadas continuaron durante semanas. Los delincuentes mantenían viva la negociación mientras intentaban sostener la falsa historia de un secuestro insurgente.
La deuda de 12 millones que desató el crimen
La Fiscalía reveló que detrás del secuestro no existía ninguna motivación política o armada. El crimen tuvo origen en una deuda personal.
El señalado determinador del secuestro fue Domingo Vásquez Muñoz, conocido como ‘El Viejo’, quien le debía a Jaime Bautista cerca de 12 millones de pesos, incluyendo intereses.
Según el ente acusador, para evitar pagar el dinero, Vásquez decidió entregar información detallada sobre la víctima a la organización criminal. Proporcionó datos sobre sus rutinas, movimientos y situación económica para facilitar el plagio.
Además, habría pactado recibir una comisión del dinero obtenido en el supuesto rescate.
La confesión que derrumbó la farsa
La investigación tomó un giro definitivo cuando Víctor Méndez, uno de los implicados y encargado de custodiar a la víctima, decidió colaborar con las autoridades.
Su testimonio permitió reconstruir cómo se planeó el secuestro y quiénes participaron en la organización criminal.
Méndez reveló detalles sobre reuniones, llamadas y decisiones tomadas antes y después del crimen. También explicó que la banda acordó hacerse pasar por disidentes armados para generar miedo y aumentar la presión sobre la familia.
“Cuando nos reunimos se habló de hacernos pasar por guerrilleros”, confesó durante los interrogatorios.
La estructura criminal detrás del secuestro
Las autoridades identificaron a Henry Bonilla Mendoza, alias ‘El Indio’, como uno de los principales coordinadores del secuestro.
Según la Fiscalía, Bonilla organizó la logística del plagio, consiguió a los hombres involucrados, definió el lugar del cautiverio y manejó las llamadas extorsivas.
Desde una vivienda ubicada en el norte de Neiva, alias ‘El Indio’ dirigía las negociaciones mientras sostenía la falsa identidad de una supuesta disidencia armada.
Otro de los nombres mencionados fue el de Tránsito López Dimayusa, conocida como ‘La Patroncita’, señalada de financiar parte de la operación criminal.
La Fiscalía indicó que la mujer mantenía comunicación constante con los responsables y habría participado en reuniones donde se definieron detalles del secuestro.
La falsa fachada de disidencias
Uno de los elementos más impactantes del caso fue el intento de los responsables por simular que actuaban bajo órdenes de una estructura guerrillera.
Las llamadas extorsivas eran realizadas utilizando nombres falsos y referencias a grupos armados ilegales. Incluso, algunos integrantes de la banda adoptaron alias para aparentar pertenecer a una organización insurgente.
Sin embargo, las investigaciones confirmaron que no existía ningún vínculo real con las disidencias de las Farc ni con estructuras armadas activas en el país.
La fachada fue utilizada únicamente para sembrar terror y darle credibilidad a las exigencias económicas.
El intento fallido ante la JEP
La estrategia criminal llegó incluso hasta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Henry Bonilla Mendoza intentó presentarse ante el tribunal como supuesto integrante de una estructura disidente vinculada a la llamada Segunda Marquetalia, buscando beneficios judiciales bajo el proceso de “paz total”.
No obstante, la JEP rechazó la solicitud tras concluir que los hechos ocurrieron en 2020, es decir, varios años después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Los magistrados determinaron que el caso correspondía a delitos comunes como secuestro extorsivo, homicidio y concierto para delinquir, por lo que debía permanecer en la justicia ordinaria.
Condenas de hasta 42 años de prisión
Finalmente, la justicia desmontó completamente la falsa narrativa insurgente construida por la banda.
Los implicados fueron condenados a penas que oscilan entre 31 y 42 años de prisión, sanciones ratificadas por el Tribunal Superior de Neiva.
La decisión cerró cualquier posibilidad de obtener beneficios judiciales relacionados con procesos de paz y dejó claro que el crimen estuvo motivado exclusivamente por dinero.
El caso de Jaime Bautista Charry se convirtió en uno de los episodios criminales más impactantes registrados en Neiva en los últimos años, no solo por la brutalidad del asesinato, sino por la manera en que los responsables utilizaron el miedo y la falsa imagen de las disidencias para intentar ocultar un crimen nacido de una deuda personal.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
