¿Se caerá el salario mínimo? La demanda que pone en jaque el decreto del Gobierno Petro

El salario mínimo en Colombia enfrenta una de las batallas jurídicas más delicadas de los últimos años. Una tutela presentada por el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, abrió la puerta a un debate que podría redefinir no solo el monto del ingreso básico, sino también los límites del poder del Ejecutivo.

Aunque la suspensión provisional del decreto fue negada inicialmente, el Consejo de Estado ya comenzó a estudiar la demanda de fondo. Y el desenlace podría cambiar el panorama laboral del país en pleno año preelectoral.

La razón de la demanda: una medida “desproporcionada”

Linares explica que la tutela fue interpuesta durante la vacancia judicial como un mecanismo transitorio, con el objetivo de frenar los efectos del decreto mientras la alta corte decide su legalidad.

Según el exmagistrado, el incremento del 23,7 % excedió los márgenes de negociación definidos en la Comisión Tripartita, donde las propuestas iban del 7,1 % al 16 %. Para él, el Gobierno actuó como árbitro, pero rompió las reglas del juego.

“El Ejecutivo sí puede fijar el salario mínimo, pero dentro de los criterios y rangos que establece la ley”, señala Linares.

El impacto oculto: empleo e informalidad

Más allá del alivio inmediato para quienes ganan el mínimo, la demanda advierte sobre efectos colaterales graves: aumento de la informalidad, presión sobre sectores como la salud, los call centers, la vigilancia privada y los microempresarios.

Linares insiste en que la preocupación central no es fiscal ni inflacionaria, sino el riesgo para el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas que ya operan con márgenes estrechos.

¿Puede el Consejo de Estado suspender el decreto?

Sí. De acuerdo con Linares, ahora que el alto tribunal retomó labores, existe la posibilidad de una suspensión provisional, acompañada de un exhorto al Gobierno para expedir un nuevo decreto ajustado a la Ley 278 de 1996.

Esa norma obliga a tener en cuenta cinco criterios clave:

  • Inflación (IPC)

  • Productividad

  • Crecimiento del PIB

  • Participación de los salarios en el PIB

  • Condiciones económicas generales

¿Qué pasa si ya pagaron el nuevo salario?

Uno de los mayores temores es qué ocurrirá con los pagos ya realizados si el decreto se cae. Linares es claro: los salarios ya consignados difícilmente se devolverían.

“Son situaciones consolidadas bajo normas que se presumen legales. Es muy complejo que haya efectos retroactivos”, explica.

Sin embargo, sí podría darse una renegociación futura si se emite un nuevo decreto con un aumento menor.

¿Influye el calendario electoral de 2026?

Aunque el debate ocurre en un contexto político sensible, Linares confía en la independencia judicial. Reconoce que una eventual suspensión podría generar rechazo ciudadano, pero recalca que los jueces fallan en derecho, no en cálculo político.

Emergencia económica y nuevos impuestos: otro frente abierto

El exmagistrado también cuestiona la emergencia económica decretada por el Gobierno, anticipando que la Corte Constitucional podría tumbarla por no cumplir el requisito de hechos sobrevinientes.

Si eso ocurre, los decretos que crearon nuevos impuestos podrían caer en cadena, aunque la Corte podría modular sus efectos, como ya ha ocurrido en el pasado.

¿Y una Asamblea Constituyente?

Sobre la iniciativa de convocar una Constituyente, Linares la califica como prematura. Advierte que abrir ese proceso sin límites claros podría poner en riesgo conquistas fundamentales en derechos humanos logradas desde la Constitución de 1991.

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