Sandra Ortiz pidió nuevamente su libertad por vencimiento de términos
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, volvió a solicitar su libertad por vencimiento de términos en medio del proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La petición fue presentada este viernes 8 de mayo ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, durante una audiencia en la que la exfuncionaria aseguró que ha sido afectada por retrasos procesales y obstáculos para ejercer plenamente su defensa.
Ortiz permanece privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 en una estación de Carabineros de la Policía. Según indicó en su intervención, ya completa cerca de 470 días detenida sin que haya iniciado formalmente el juicio en su contra, situación que, a su juicio, vulnera sus derechos procesales.
Durante la diligencia judicial, la exconsejera afirmó que la Fiscalía General de la Nación habría limitado en varias ocasiones la recolección y presentación de pruebas que considera fundamentales para desmontar las acusaciones formuladas en su contra.
“La Fiscalía se opuso siempre a que yo buscara mis pruebas”, manifestó Ortiz ante el juez, insistiendo en que su principal interés es que se esclarezcan completamente los hechos relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD.
La exfuncionaria sostuvo además que hubo cambios sustanciales entre los hechos presentados durante la imputación de cargos y los incluidos posteriormente en el escrito de acusación. Según explicó, inicialmente fue vinculada con presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Sin embargo, aseguró que posteriormente la acusación se concentró en un contrato de obra pública en el municipio de Repelón, Atlántico, situación que calificó como una modificación drástica de los hechos jurídicamente relevantes.
“Soy la más interesada en que se sepa la verdad y que el país conozca todo lo que ha pasado”, expresó Ortiz durante la audiencia, al tiempo que rechazó que su solicitud de libertad pueda interpretarse como una estrategia dilatoria para retrasar el proceso judicial.
La exconsejera señaló que tanto ella como su equipo de defensa han participado activamente en las audiencias preparatorias y han promovido el avance del proceso. No obstante, indicó que múltiples diligencias han tenido que ser suspendidas por distintas circunstancias ajenas a su voluntad.
“No es justo que me castiguen por intentar reclamar mi libertad, es un derecho que yo tengo”, afirmó la exfuncionaria al insistir en que la medida de aseguramiento ya supera tiempos razonables sin avances definitivos en el juicio.
Ortiz también reveló que su defensa se encuentra en la etapa final de recopilación de pruebas técnicas y documentales que, según dijo, serían contundentes para controvertir los señalamientos realizados por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
“Las pruebas que estamos esperando son importantes, son contundentes”, aseguró la exfuncionaria, quien explicó que su estrategia de defensa no se basará en una gran cantidad de evidencias, sino en elementos técnicos específicos que buscarán desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
La investigación contra Sandra Ortiz se desarrolla en el marco del escándalo de corrupción que sacudió a la UNGRD y que involucra presuntos sobornos millonarios, contratos irregulares y tráfico de influencias dentro del Gobierno Nacional.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía General, Ortiz habría participado en reuniones y coordinaciones destinadas a facilitar la entrega de tres mil millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
La hipótesis del ente acusador sostiene que el dinero tenía como propósito influir en decisiones políticas y garantizar apoyo legislativo a iniciativas de interés del Gobierno Nacional durante el segundo semestre de 2023.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Sandra Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público, cargos que la exfuncionaria ha rechazado reiteradamente.
El caso UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de los últimos años en Colombia debido a la magnitud de los recursos comprometidos y a la participación de altos funcionarios y dirigentes políticos.
Mientras avanza el proceso judicial, el juez deberá definir en los próximos días si concede o no la libertad por vencimiento de términos solicitada por Sandra Ortiz, una decisión que podría marcar un nuevo capítulo dentro de esta compleja investigación de corrupción.
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