Aumento del salario mínimo dispararía demandas por cuotas alimentarias y podría congestionar los juzgados
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, decretado de manera unilateral por el Gobierno en 23,7 %, no solo tiene efectos directos sobre el ingreso de millones de trabajadores, sino que empieza a generar alertas en el sistema judicial, especialmente en los procesos relacionados con cuotas alimentarias. Expertos en derecho de familia advierten que el incremento podría detonar una carga histórica para los juzgados, ante el aumento de demandas por inasistencia alimentaria.
Aunque el alza ha sido celebrada por amplios sectores, su impacto real podría diluirse rápidamente debido a la indexación automática de numerosos gastos inaplazables. En otras palabras, el mayor ingreso podría verse compensado por mayores obligaciones, lo que llevaría a que, para muchas familias, la mejora económica sea mínima o incluso inexistente.
El efecto directo sobre las cuotas alimentarias
Uno de los impactos más sensibles del aumento del salario mínimo se presenta en los casos de separaciones o divorcios, cuando uno de los progenitores debe pagar una cuota alimentaria al hijo o hijos que quedaron bajo la custodia del otro.
La abogada Ariadna Herrán Galindo, especialista en derecho de familia y socia de la firma Cafore Abogados, explica que cuando la cuota fue fijada en salarios mínimos legales vigentes, el ajuste es automático y no requiere una nueva orden judicial.
“Muchos padres desconocen que, si la cuota fue fijada en salarios mínimos, el aumento se aplica de inmediato. El error más común es seguir pagando el valor anterior, lo que activa procesos ejecutivos e incluso consecuencias penales”, advierte la experta.
Este ajuste automático, según Cafore Abogados, impacta miles de procesos activos en el sistema judicial y administrativo de familia en Colombia, lo que podría traducirse en una congestión aún mayor de los despachos judiciales.
Un sistema judicial ya sobrecargado
Las cifras históricas refuerzan la preocupación. Entre 2010 y 2019, Colombia acumuló 717.669 denuncias por inasistencia alimentaria, una de las principales causas de judicialización en materia de familia, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía citadas por Cafore Abogados.
Durante el año de la pandemia se reportaron 30.203 casos, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 41.846 procesos. Para 2025, ya se habían iniciado más de 15.948 procesos por este delito, confirmando una tendencia creciente.
“El incumplimiento de las cuotas alimentarias es una de las principales razones por las que padres y madres terminan enfrentando procesos judiciales, incluso penales”, señala Herrán Galindo.
Alzas del mínimo y picos de incumplimiento
El análisis de la firma jurídica indica que, aunque el incremento del salario mínimo no crea nuevas obligaciones alimentarias, sí eleva automáticamente el monto de las cuotas ya establecidas, lo que genera picos de incumplimiento cada vez que se decreta un aumento significativo.
En esta ocasión, el impacto sería mayor, dado que el aumento del 23,7 % superó incluso las expectativas de los sindicatos, que habían propuesto un alza cercana al 16 %.
Sin embargo, la experta aclara que las dificultades económicas no eximen del pago. “Quien no pueda cumplir con el nuevo monto debe solicitar formalmente una revisión de la cuota ante la autoridad competente. No hacerlo puede derivar en sanciones graves”, explica.
Más procesos penales y sanciones severas
De no gestionarse de manera oportuna, el escenario que se avecina podría traducirse en un aumento significativo de:
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Procesos ejecutivos de alimentos
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Conciliaciones fallidas ante comisarías de familia e ICBF
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Procesos penales por inasistencia alimentaria
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Embargos de salario, cuentas bancarias y bienes
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Restricciones para salir del país
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Mayor número de personas privadas de la libertad
Para Cafore Abogados, el incremento del salario mínimo se convierte en un factor determinante que puede agravar los conflictos familiares, especialmente en un contexto de alta inflación y presión económica.
Demandas contra el decreto y tensión política
El decreto que fijó el aumento del salario mínimo ya enfrenta demandas ciudadanas, mientras el Gobierno se prepara para movilizaciones en defensa de la medida. Entre tanto, expertos insisten en la necesidad de educación jurídica, mayor diálogo entre las partes y el uso de mecanismos legales de revisión para evitar que el impacto económico termine desbordando la justicia.
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