A pocos días de conocerse el aumento del salario mínimo para 2026, el debate económico en Colombia vuelve a intensificarse. Mientras el Gobierno Nacional ha anticipado un incremento que podría superar el 11 %, diversos analistas, centros de estudio y entidades financieras advierten que una subida desbordada podría generar efectos adversos sobre la inflación, el empleo y, paradójicamente, sobre los sectores más vulnerables de la población.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la definición del incremento se daría en los últimos días de diciembre. Sin embargo, la negociación se ha tornado compleja: el sector empresarial propone un aumento del 7,1 %, alineado con la inflación y la productividad, mientras que las centrales obreras solicitan un incremento del 16 %, muy por encima de los indicadores técnicos tradicionales.
Este debate ocurre en un contexto delicado. El Gobierno ha reiterado su intención de decretar un aumento superior a la inflación, una postura respaldada públicamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que el ajuste podría superar el 11 %. No obstante, desde distintos frentes se advierte que este tipo de decisiones podría profundizar un círculo vicioso inflacionario.
Un informe del Banco Popular señala que existe una estrecha correlación entre los aumentos del salario mínimo y la inflación en Colombia. En teoría, el salario mínimo debería ajustarse con base en la inflación del año anterior y la productividad laboral, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, en los últimos años los incrementos han superado ampliamente esta fórmula.
El estudio recuerda que en 2023 la inflación cerró en 9,28 % y la productividad fue de 1,22 %, lo que sugería un aumento cercano al 10,6 %. No obstante, el salario mínimo subió 16 %. Aunque la inflación descendió en 2024, los efectos acumulados de incrementos elevados han generado rigideces en sectores clave como transporte, vivienda y servicios, impidiendo que la inflación retorne al rango meta del Banco de la República (2 % – 4 %). De mantenerse esta tendencia, 2026 sería el sexto año consecutivo sin cumplir dicho objetivo.
El impacto es aún más complejo si se observa el mercado laboral. En Colombia, el 55 % del empleo es informal, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores no se benefician directamente de los aumentos del salario mínimo, pero sí enfrentan el encarecimiento generalizado de bienes y servicios. De hecho, la proporción de trabajadores informales que ganan menos de un salario mínimo pasó del 73 % en 2015 al 78 % en 2025.
En contraste, aunque el sector formal muestra una leve reducción en el número de trabajadores que ganan menos del mínimo, la proporción de personas que reciben exactamente un salario mínimo sigue siendo relativamente baja frente al total de la población ocupada. Esto refuerza la idea de que los incrementos salariales benefician directamente a una fracción limitada de los trabajadores, mientras el resto asume los costos vía inflación.
Uno de los efectos más sensibles se observa en el precio de la vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP), cuyos topes están indexados al salario mínimo. Según el Banco Popular, durante el actual Gobierno se proyecta un incremento acumulado de 48,6 % en el valor de estas viviendas, el más alto de las últimas dos décadas, lo que dificulta el acceso a vivienda precisamente para los hogares de menores ingresos.
Un fenómeno similar ocurre en el transporte público. En Bogotá, TransMilenio ha registrado los mayores incrementos tarifarios durante el actual periodo presidencial, impulsados en gran parte por el aumento del salario mínimo y los costos operativos asociados.
En este contexto, la pregunta de fondo persiste: ¿los incrementos elevados del salario mínimo reducen realmente la desigualdad o terminan alimentando un ciclo de inflación que erosiona el poder adquisitivo? Para los analistas, el desafío está en encontrar un equilibrio que proteja el ingreso real de los trabajadores sin generar distorsiones que terminen afectando a quienes se busca beneficiar.
El debate sigue abierto y la decisión final tendrá efectos profundos no solo en los salarios, sino en el rumbo económico del país durante 2026.
