Revive alza del 23 % al salario mínimo: Consejo de Estado devuelve vigencia al decreto del Gobierno Petro
El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional que mantenía sin efectos el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026. La decisión, conocida este viernes, devuelve la vigencia al acto administrativo mientras se resuelve de manera definitiva la legalidad de la medida.
La determinación fue adoptada por los magistrados de la Sección Segunda del alto tribunal, encargada de los asuntos laborales y pensionales del Estado, tras resolver un recurso de súplica presentado contra el auto que había suspendido provisionalmente el decreto.
De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, la decisión principal fue revocar la medida cautelar de suspensión provisional, lo que significa que el decreto vuelve a producir efectos jurídicos mientras continúa el estudio del proceso principal.
El decreto vuelve a tener efectos
La revocatoria representa un cambio importante en el panorama jurídico del salario mínimo para 2026. Con esta decisión, recupera su vigencia el decreto firmado por el Gobierno nacional en diciembre de 2025, mediante el cual se estableció un aumento del 23 % en el salario mínimo legal mensual vigente.
Aunque el Consejo de Estado aún no ha divulgado el texto completo del auto con los fundamentos jurídicos que respaldan la decisión, la notificación ya fue realizada oficialmente y el documento aparece firmado por los magistrados Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya.
En contraste, el magistrado Luis Eduardo Mesa dejó constancia de un salvamento de voto, lo que evidencia que la decisión no fue unánime dentro de la corporación.
Un giro frente a la decisión adoptada en febrero
La nueva determinación modifica el escenario que se había configurado desde febrero de 2026, cuando el magistrado Juan Camilo Morales ordenó la suspensión provisional del decreto presidencial.
En ese momento, el alto tribunal consideró que existían elementos suficientes para detener temporalmente la aplicación del incremento mientras analizaba de fondo la legalidad del acto administrativo.
Como consecuencia de esa decisión, el Gobierno debía expedir un nuevo decreto teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la legislación colombiana para fijar el salario mínimo.
Entre esos criterios se encuentran la meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República, la inflación efectivamente registrada durante el año anterior, la productividad certificada oficialmente y otros indicadores económicos previstos en la Constitución y en la ley.
A la espera de los argumentos jurídicos
Aunque la decisión ya produce efectos legales, todavía falta conocer el contenido del auto mediante el cual la Sección Segunda sustentó la revocatoria de la suspensión provisional.
Los argumentos serán determinantes para entender las razones por las cuales el Consejo de Estado cambió la medida cautelar adoptada meses atrás y permitió nuevamente la aplicación del decreto presidencial.
Expertos consideran que la publicación de esa providencia será clave para establecer el alcance jurídico de la decisión y los criterios que deberán tenerse en cuenta durante el análisis definitivo de la demanda contra el decreto.
El proceso judicial continúa
La revocatoria de la suspensión no significa que el debate jurídico haya terminado. El Consejo de Estado todavía deberá emitir una sentencia de fondo para definir si el decreto que fijó el incremento del 23 % cumple plenamente con los requisitos constitucionales y legales.
Mientras eso ocurre, el acto administrativo conserva su vigencia y continúa produciendo efectos jurídicos, salvo que una nueva decisión judicial disponga lo contrario.
El proceso seguirá su curso en la jurisdicción contencioso administrativa, donde los magistrados analizarán los argumentos presentados tanto por los demandantes como por el Gobierno nacional.
Impacto para trabajadores y empleadores
La decisión genera expectativa entre trabajadores, empleadores y diferentes sectores económicos, debido a las implicaciones que tiene el porcentaje de incremento del salario mínimo sobre múltiples variables económicas.
En Colombia, el salario mínimo sirve como referencia para la liquidación de prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, contratos laborales, subsidios y otros pagos que dependen directamente de este indicador.
Por ello, el regreso de la vigencia del decreto podría tener efectos inmediatos mientras el Consejo de Estado adopta una decisión definitiva sobre la legalidad del aumento.
Lo que sigue
Tras la notificación oficial, la atención ahora se concentra en la publicación del texto completo del auto, documento que permitirá conocer los fundamentos jurídicos que llevaron a la Sección Segunda a revocar la suspensión provisional.
Hasta que exista una sentencia definitiva, el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro recupera plenamente su fuerza legal, manteniendo vigente el incremento del 23 % del salario mínimo para 2026.
La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes del año en materia laboral y económica, debido al impacto que tiene sobre millones de trabajadores colombianos y sobre la política salarial del país.
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