Una investigación periodística difundida esta semana asegura que chats atribuidos a cabecillas de las disidencias de las Farc mencionan a la vicepresidenta Francia Márquez y apuntan a la existencia de un supuesto enlace familiar con miembros de esas estructuras, un hecho que ha encendido la discusión pública y que las autoridades deben esclarecer. Blu Radio+1

Según los documentos dados a conocer por Noticias Caracol y reconstruidos por otros medios, las conversaciones —presuntamente entre Iván Mordisco y otros líderes de las disidencias— incluyen mensajes fechados el 24 de marzo de 2024 en los que se alude a financiamiento y a reuniones que habrían contado con la participación de personas cercanas a la campaña presidencial. Estas piezas forman parte del material que, dicen los reportes, fue obtenido desde los archivos del grupo conocido como ‘Calarcá’. Blu Radio

SEMANA, por su parte, informó que las indagaciones periodísticas permitieron identificar a Lisifrey Ararat —señalado como cuñado de la vicepresidenta y líder social en el norte del Cauca— como el presunto nexo entre la vicepresidencia y la estructura Jaime Martínez, ligada a las disidencias. El medio aclara que estas afirmaciones están basadas en el cruce de testimonios y pantallazos difundidos por la unidad investigativa de Noticias Caracol, y que la veracidad y alcance de los mismos requieren comprobación judicial. Semana

Es importante señalar un dato relevante sobre uno de los supuestos interlocutores: Leider Johany Noscue, conocido como alias ‘Mayimbú’, aparece en los archivos como una de las figuras aludidas; sin embargo, fuentes oficiales y reportes de 2022 registran que ese cabecilla fue abatido en un operativo en Suárez (Cauca) el 13 de junio de 2022, lo que plantea preguntas sobre la cronología y la autenticidad de algunos materiales difundidos. W Radio+1

¿Qué implica esto para la opinión pública y las autoridades? Primero, que la divulgación de chats y documentos atribuibles a actores armados debe manejarse con extremo rigor: su autenticidad, contexto temporal y cadena de custodia deben ser verificados por peritos forenses y por las autoridades competentes antes de sacar conclusiones. Segundo, que si existieran vínculos comprobables entre actores políticos y grupos armados, se trataría de hechos de gravedad constitucional y penal que ameritan investigación exhaustiva. Blu Radio+1

Hasta ahora no hay comunicado público definitivo de las autoridades judiciales que confirme la autenticidad plena de los chats o que haya vinculado judicialmente a la vicepresidenta o a su supuesto entorno familiar con financiación ilícita. Los medios que revelaron los materiales han solicitado que las autoridades investiguen y que se proteja la integridad de las pruebas. Blu Radio+1

En resumen: los materiales difundidos generan alarma política y requieren una investigación técnica e independiente. La información publicada plantea hipótesis que deben confirmarse o descartarse con pruebas periciales, testimonios y actuaciones judiciales —no con inferencias periodísticas o de opinadores— para garantizar el debido proceso y la verdad sobre lo ocurrido.

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