Revelaciones de Sandra Ortiz sacuden caso de corrupción en la UNGRD
En medio del escándalo de corrupción que golpea a la UNGRD, la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, presentó una serie de fuertes declaraciones ante la justicia con las que busca obtener su libertad por vencimiento de términos.
La audiencia, que se reanudará el próximo 16 de abril, se ha convertido en un nuevo capítulo de un caso que ha generado indignación nacional por el presunto desvío de recursos destinados a atender emergencias en el país.
Ortiz, privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, aseguró que durante el proceso se han vulnerado de forma reiterada sus derechos, especialmente el debido proceso y el acceso a pruebas clave para su defensa.
1. Denuncia falta de acceso a pruebas
Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue la denuncia sobre las dificultades para recolectar pruebas. Según la exfuncionaria, la Fiscalía General de la Nación ha impedido o limitado el acceso a información fundamental.
Entre las evidencias solicitadas, mencionó registros relacionados con el exsenador Pedro Castro, quien, según las investigaciones, habría facilitado recursos para presuntos sobornos dirigidos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Ortiz cuestionó abiertamente la negativa a entregar estos elementos: “¿Cuál es el miedo?”, insistió, señalando que enfrenta un “océano probatorio” sin contar con herramientas para defenderse.
2. Asegura que ha colaborado con la justicia
La exconsejera también defendió su comportamiento durante todo el proceso judicial. Afirmó que ha asistido a todas las diligencias y ha mostrado disposición de colaborar con las autoridades.
“Mi actitud ha sido frentera”, sostuvo, subrayando que incluso es la única persona en su línea de investigación que ha comparecido presencialmente a todas las audiencias.
Sin embargo, denunció que, pese a esta disposición, lleva más de 500 días privada de la libertad sin avances que, según ella, justifiquen su detención.
3. Cuestiona cambios en la acusación
Otro de los puntos clave de su intervención fue la inconsistencia entre la imputación inicial y el escrito de acusación presentado posteriormente por la Fiscalía.
Ortiz recordó que en diciembre de 2024 fue señalada por supuestas irregularidades relacionadas con contratos de carrotanques para suministro de agua en La Guajira. Sin embargo, aseguró que ese elemento desapareció completamente en la acusación formal.
Este cambio, según la exfuncionaria, evidencia debilidades en el caso en su contra y pone en duda la solidez de las pruebas presentadas.
4. Denuncia “mala fe” de la Fiscalía
Durante su intervención, Ortiz fue más allá y acusó directamente a los fiscales del caso de actuar con “mala fe”. Según explicó, se habrían utilizado decisiones judiciales de forma errónea para sustentar argumentos en su contra.
En particular, mencionó la supuesta manipulación de una sentencia asociada a la magistrada Patricia Salazar, la cual —según Ortiz— fue citada fuera de contexto.
Estas prácticas, afirmó, afectan gravemente la transparencia del proceso y refuerzan su solicitud de garantías judiciales.
5. Pide defenderse en libertad
Finalmente, la exconsejera reiteró su petición a la jueza de control de garantías: poder enfrentar el proceso en libertad.
Ortiz argumenta que el tiempo transcurrido sin una resolución definitiva configura un vencimiento de términos, lo que, según la legislación colombiana, podría permitir su excarcelación.
Además, insistió en que necesita condiciones adecuadas para ejercer su defensa, acceder a pruebas y controvertir las acusaciones.
Un caso que sigue generando impacto
El escándalo en la UNGRD ha puesto en el centro del debate público el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias, especialmente en regiones vulnerables.
Las investigaciones apuntan a una red de corrupción que habría involucrado a altos funcionarios y dirigentes políticos, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
La decisión que tome la jueza en la audiencia del 16 de abril será determinante no solo para la situación jurídica de Sandra Ortiz, sino también para el rumbo de uno de los casos más sensibles de corrupción reciente en Colombia.
Mientras tanto, el país sigue atento a nuevas revelaciones que podrían cambiar el curso del proceso y definir responsabilidades en un escándalo que ha sacudido la confianza en las instituciones públicas.
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