Así fueron los momentos de tensión que vivieron más de 1.200 empleados retenidos en el CAN por protesta de comunidades del Cauca
Una jornada de alta tensión se vivió este lunes en el corazón administrativo del país, luego de que más de 1.200 funcionarios del Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) permanecieran retenidos durante más de seis horas dentro de sus sedes en el Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá.
La situación se originó en medio de una protesta liderada por comunidades afrodescendientes y campesinas del Cauca, pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quienes ingresaron al edificio ubicado en el centro de la capital para exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno nacional.
Bloqueo de accesos y cierre total de salidas
De acuerdo con los reportes oficiales, los manifestantes llegaron en horas de la mañana y, con el paso del tiempo, instalaron un cerco en los accesos principales de las instalaciones, impidiendo la salida de los trabajadores.
Funcionarios que documentaron lo ocurrido a través de sus redes sociales aseguraron que no recibieron autorización para abandonar las oficinas y que permanecieron en sus puestos de trabajo a la espera de una solución concertada entre el Gobierno y los voceros de la protesta.
Aunque las autoridades señalaron que no se registraron personas lesionadas, la incertidumbre y el temor se apoderaron de muchos empleados, quienes no pudieron concluir su jornada laboral con normalidad y estuvieron imposibilitados de salir del complejo estatal durante gran parte del día.
Videos evidencian agresiones y momentos de pánico
Más allá de los comunicados oficiales, en redes sociales circularon videos grabados por testigos que mostraron escenas de tensión en distintos puntos del CAN. En las imágenes se observa cómo algunos manifestantes increpan a trabajadores que intentaban abandonar el lugar, en medio de empujones y agresiones verbales.
Uno de los momentos más impactantes fue el de una mujer que, tras intentar salir del cerco, fue empujada y lanzada al piso por miembros de la manifestación. También se evidenció cómo se prohibía a los funcionarios hablar con medios de comunicación y cómo eran intimidados con bastones de mando y machetes que algunos portaban dentro de su indumentaria.
La prensa tampoco fue ajena a los hechos. Reporteros y camarógrafos denunciaron que fueron empujados y que intentaron arrebatarles sus equipos de trabajo mientras cubrían lo sucedido en pleno centro administrativo de la capital.
Llamado del Gobierno y presencia policial
Ante la gravedad de los hechos, el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, hizo un llamado público a los manifestantes para que permitieran la salida de los funcionarios y cesaran las vías de hecho.
“Pedimos que permitan el desarrollo normal de las actividades institucionales y que avancemos por la vía del diálogo”, manifestó el funcionario, quien confirmó que se habilitaron espacios de conversación con los representantes de las comunidades.
Mientras tanto, unidades de la Policía Nacional de Colombia hicieron presencia en el exterior del edificio. Sin embargo, no intervinieron directamente para evitar una escalada que pudiera agravar la situación o desencadenar enfrentamientos mayores.
Exigencias de las comunidades del Cauca
Las organizaciones afro y campesinas señalaron que la protesta busca presionar respuestas frente a compromisos relacionados con inversión social, programas productivos y garantías de seguridad en sus territorios en el departamento del Cauca.
Este episodio se da en el contexto de las movilizaciones que comunidades de esa región adelantan en Bogotá, donde se han asentado en la Universidad Nacional de Colombia como parte de su jornada de exigencias al Estado.
Los líderes de la protesta han insistido en que su objetivo no era generar violencia, sino visibilizar el incumplimiento de acuerdos. No obstante, las imágenes difundidas en redes sociales abrieron un debate nacional sobre los límites de la protesta social y el impacto que este tipo de acciones tiene sobre el funcionamiento institucional.
Salida progresiva y cierre sin capturas
La retención se extendió durante gran parte del día y solo hasta horas de la tarde se permitió la salida progresiva de los funcionarios, una vez avanzaron las conversaciones entre el Gobierno y los voceros de la movilización.
El Ministerio del Interior no reportó capturas ni anunció medidas judiciales inmediatas por estos hechos. Reiteró, en cambio, que el diálogo es el mecanismo idóneo para resolver los conflictos sociales.
El episodio dejó interrogantes sobre los protocolos de seguridad en edificios públicos y sobre la protección de los funcionarios y periodistas en escenarios de protesta. También reavivó la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la movilización y la garantía del orden público.
Mientras el Gobierno y las comunidades continúan las mesas de diálogo, lo ocurrido en el CAN quedará como uno de los momentos más tensos recientes en la capital, con más de 1.200 empleados que vivieron horas de incertidumbre en sus propios lugares de trabajo.
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