El Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia condenatoria contra María Teresa Suárez, exfiscal de la Dirección de Narcotráfico, tras hallarla responsable del delito de prevaricato por acción agravado y continuado. Sin embargo, tras conocerse el fallo, la exfuncionaria huyó del país y actualmente se encuentra prófuga, según fuentes judiciales.
Suárez, quien durante más de dos décadas trabajó en la Fiscalía General de la Nación y fue reconocida con el premio Enrique Low Murtra por su labor investigativa, utilizó su cargo para favorecer a integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, de acuerdo con la acusación.
Irregularidades en procesos de narcotráfico
La investigación reveló que la exfiscal intervino en varios procesos relacionados con el camuflaje de drogas en furgones y camionetas, adoptando decisiones que beneficiaron directamente a los procesados. Las irregularidades fueron advertidas por varios jueces, lo que permitió abrir la investigación en su contra.
Según el escrito de acusación, Suárez omitió argumentos jurídicos esenciales, actuó de manera dolosa y presentó decisiones sin un sustento técnico o legal válido. El documento señala que la Fiscalía “no ofreció ningún fundamento jurídico para explicar el grado de participación de los procesados y se limitó a sostener que la adecuación típica era producto de un análisis concienzudo de los elementos probatorios”.
El Tribunal concluyó que la exfuncionaria actuó de forma irregular a cambio de beneficios económicos, lo que configuró una grave afectación a la administración de justicia.
La exfiscal está prófuga
Tras su primera condena y una vez pensionada, Suárez abandonó el país. Versiones preliminares sugieren que podría encontrarse en Estados Unidos. Ante esta situación, la Fiscalía General anunció que solicitará circular roja y órdenes de captura internacionales para lograr su detención y retorno al país, donde deberá responder por los delitos imputados.
Corte Suprema condena a exmagistrado por cancelar orden de captura
En un caso paralelo, la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena Tailor Ivaldy Londoño Herrera a cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria por el delito de prevaricato por acción.
El exmagistrado anuló en 2015 las órdenes de captura contra Alexander Moreno Carvajal, exmilitar condenado a 33 años de prisión por secuestro y homicidio. La Corte calificó la conducta como de “superlativa gravedad”, al considerar que contrarió directamente el propósito de las medidas provisionales contempladas en el Decreto 2591 de 1991.
Además de la pena privativa de la libertad, Londoño Herrera deberá pagar una multa equivalente a 70,83 salarios mínimos y quedará inhabilitado por 85 meses para ejercer funciones públicas. Para mantener el beneficio de prisión domiciliaria, deberá consignar una garantía de cinco salarios mínimos.
La Corte lo absolvió de los delitos de falsedad ideológica y material en documento público, y declaró prescrita la acusación por prevaricato por omisión. La decisión es de primera instancia y admite recurso de apelación.
