La muerte de 15 menores de edad en bombardeos del Ejército colombiano desde agosto ha encendido alarmas nacionales e internacionales. Las cifras de Medicina Legal indican que varios de los menores no superaban los 15 años y algunos tenían apenas 12.
Los hechos coinciden con un incremento de operaciones militares contra disidencias de las Farc y otros grupos armados, lo que, según analistas, evidencia un cambio profundo en la estrategia del presidente Gustavo Petro, quien había prometido una política de “paz total” basada en el diálogo.
Las muertes y dónde ocurrieron
Los menores fallecieron en bombardeos realizados en Amazonas, Guaviare y Arauca, zonas donde opera el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc liderada por alias «Iván Mordisco», señalada de reclutar menores como parte de su estructura armada.
Uno de los ataques más críticos ocurrió el 10 de noviembre en Guaviare, donde murieron 19 integrantes del EMC, incluidos siete menores, convirtiéndose en el bombardeo más mortífero del gobierno Petro.
Organismos como la Defensoría del Pueblo y la ONU cuestionaron el procedimiento militar, recordando que los menores reclutados siguen siendo víctimas, no objetivos legítimos.
La respuesta del gobierno
El presidente Petro aseguró que:
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no tenía conocimiento previo de la presencia de menores en los campamentos bombardeados;
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sus operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario;
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la pérdida de vidas infantiles es “dolorosa” y quedará “en su conciencia”.
Además, defendió los bombardeos argumentando que suspenderlos incentivaría a los grupos armados a reclutar más niños para usarlos como escudos humanos.
El reclutamiento infantil, una práctica histórica
Periodistas e investigadores señalan que el EMC y otros grupos han intensificado el reclutamiento forzado como método para:
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reforzar sus filas;
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usarlos como anillos de seguridad;
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proteger a líderes armados;
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controlar territorios con débil presencia estatal.
Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, explica que la “gobernanza armada” obliga a familias vulnerables a entregar a sus hijos a cambio de “seguridad” o servicios mínimos.
¿Falla de inteligencia militar?
Expertos como la periodista Juanita Vélez cuestionan por qué, ante la conocida presencia de menores en el EMC, la inteligencia no anticipa riesgos en operaciones aéreas.
Esto se contradice con las críticas que el propio Petro hizo en el pasado a bombardeos realizados por gobiernos anteriores.
El giro en la política de Petro
El cambio se volvió evidente tras la llegada del general Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, el primer militar en ocupar ese cargo en 34 años.
Desde entonces:
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los bombardeos aumentaron,
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los grupos armados han escalado ataques contra Fuerza Pública,
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la violencia territorial se agudiza en zonas como Catatumbo y Cauca,
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y la seguridad se volvió tema clave rumbo a las elecciones de 2026.
Los analistas interpretan estas acciones como un retorno al equilibrio entre presión militar y negociación, una estrategia que llaman “zanahoria y garrote”.
Presión interna y externa
Expertos coinciden en que, además del deterioro de seguridad, el gobierno enfrenta:
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presión política por mostrar resultados antes de 2026,
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cuestionamientos por falta de avances en la “paz total”,
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y una presión internacional, especialmente de Estados Unidos, para intensificar el combate contra el narcotráfico.
¿Es sostenible la estrategia con tantos menores muertos?
Aunque la ofensiva militar busca debilitar al EMC y recuperar control territorial, el costo político y humano es alto.
Arias cuestiona si existen alternativas que eviten seguir poniendo en riesgo a menores reclutados.
Las cifras de reclutamiento forzado podrían haberse incrementado hasta un 1.200% desde la pandemia, según estimaciones de Jorge Mantilla, mostrando la magnitud del problema.
