Proyecto para regular SIM en Colombia busca frenar extorsiones desde cárceles
Un nuevo proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República de Colombia busca poner fin al anonimato en la compra de tarjetas SIM, con el objetivo de combatir uno de los delitos que más preocupa a las autoridades: la extorsión desde centros carcelarios.
La iniciativa, respaldada por diferentes sectores políticos y autoridades, surge en un contexto en el que, pese a los esfuerzos institucionales, las extorsiones continúan ejecutándose de manera sistemática desde las cárceles del país.
Extorsión desde cárceles: una amenaza persistente
De acuerdo con cifras oficiales conocidas en 2026, este delito ha registrado una leve disminución del 4 %. Sin embargo, el dato más alarmante es que cerca del 45 % de las extorsiones se originan en centros penitenciarios, principalmente a través de llamadas telefónicas anónimas.
Estas comunicaciones son posibles gracias al uso de tarjetas SIM o e-SIM que actualmente pueden adquirirse sin mayores controles en Colombia, lo que dificulta el rastreo de los responsables.
Las autoridades advierten que esta falta de regulación permite a los delincuentes cambiar constantemente de línea telefónica, evitando ser identificados y judicializados.
La propuesta: control total en la compra de SIM
El proyecto, liderado por el representante Julio César Triana, del partido Cambio Radical, plantea una serie de medidas para cerrar este vacío legal.
Entre los puntos más destacados se encuentra la obligación de registrar datos biométricos —como huellas dactilares o reconocimiento facial— al momento de adquirir o activar una línea telefónica, ya sea en modalidad prepago o mediante plataformas digitales.
Esta medida busca eliminar el anonimato que actualmente favorece a las redes criminales, permitiendo que cada número telefónico esté asociado a una persona plenamente identificada.
Alertas y seguimiento en tiempo real
Otro de los aspectos clave de la iniciativa es la implementación de sistemas de alerta para los ciudadanos. De ser aprobada, la ley permitiría que los usuarios reciban notificaciones cuando una llamada provenga desde un centro penitenciario.
Esta herramienta no solo serviría para prevenir posibles extorsiones, sino también para generar mayor conciencia sobre este tipo de delitos.
Además, se contempla la creación de un registro nacional unificado de líneas telefónicas, al que podría acceder la Fiscalía General de la Nación para adelantar investigaciones y judicializar a los responsables.
Rol de las autoridades y operadores
El proyecto también asigna responsabilidades al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que sería el encargado de supervisar que las empresas de telefonía cumplan con los nuevos requisitos en la venta de SIM.
Esto implicaría cambios tanto en puntos físicos como en canales digitales, donde actualmente se pueden adquirir líneas sin mayores restricciones.
Las autoridades consideran que este control permitiría un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en delitos como la extorsión.
Apoyo de la Policía Nacional
Desde la Policía Nacional de Colombia, el respaldo a la iniciativa ha sido contundente. El general Giovanni Cristancho aseguró que la extorsión digital representa una amenaza real que requiere soluciones estructurales.
“El uso indiscriminado de SIM Card facilita las actividades criminales, por eso es urgente regular este mercado, tal como se hace en otros países”, señaló el oficial.
Además, destacó que los delincuentes suelen cambiar constantemente de tarjetas SIM para evitar ser rastreados, lo que dificulta el trabajo investigativo.
Impacto en la lucha contra el delito
Las autoridades han logrado importantes avances en la prevención de extorsiones. Según cifras oficiales, se han evitado pagos por más de 18 mil millones de pesos gracias a la intervención oportuna a través de la línea 165.
Este canal permite asesorar a las víctimas en tiempo real y activar protocolos de seguridad para enfrentar a los delincuentes.
Sin embargo, los expertos coinciden en que sin una regulación más estricta sobre las SIM, el problema persistirá.
Un paso clave en el Congreso
El proyecto continúa su trámite legislativo en la Cámara de Representantes y posteriormente deberá ser debatido en el Senado.
De ser aprobado, Colombia daría un paso importante hacia el control de las comunicaciones utilizadas con fines delictivos, alineándose con estándares internacionales en materia de seguridad.
La iniciativa representa una herramienta clave para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra la extorsión, un delito que sigue afectando a comerciantes, empresarios y ciudadanos en todo el país.
Con este proyecto, el objetivo es claro: cerrar el cerco a las redes criminales que operan desde las cárceles y devolver la tranquilidad a miles de colombianos.
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