Piden devolver $20.000 millones al Ministerio de Ciencia: posible pleito millonario
Un nuevo escándalo administrativo sacude al sector científico en Colombia. El Ministerio de Ciencia alista una decisión que podría derivar en un largo proceso judicial: exigir a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia la devolución de más de 20.000 millones de pesos por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato.
La medida, que será liderada por la ministra Yesenia Olaya, se basa en hallazgos que apuntan a la falta de soportes técnicos y documentales que respalden el uso de los recursos públicos asignados entre 2019 y 2025.
Un contrato bajo la lupa
El convenio en cuestión tenía como objetivo administrar proyectos relacionados con la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Inicialmente, el contrato contemplaba recursos por 6.369 millones de pesos.
Sin embargo, con el paso del tiempo se realizaron seis adiciones presupuestales que elevaron significativamente el monto total: 19.037 millones para ejecución de proyectos y 1.543 millones para costos administrativos.
Esto llevó a que el valor total comprometido alcanzara los 20.483 millones de pesos, cifra que hoy está en el centro de la controversia.
Falta de soportes y vacíos documentales
Durante el proceso de liquidación del contrato, el Ministerio solicitó a AvanCiencia los documentos que acreditaran la correcta ejecución de los recursos. Como respuesta, la organización entregó un disco duro con cerca de 50 carpetas y más de 1.400 archivos.
No obstante, tras la revisión, el equipo auditor concluyó que la información aportada no era suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos contractuales.
Entre los principales hallazgos se destaca la ausencia de documentos técnicos que evidencien los productos derivados del gasto. Además, se identificó un vacío documental correspondiente al año 2022, lo que, según fuentes cercanas al proceso, rompe la trazabilidad del contrato.
¿En qué se gastó el dinero?
De acuerdo con el análisis realizado por el Ministerio, aunque se desembolsaron más de 20.000 millones de pesos, el valor efectivamente ejecutado sería de aproximadamente 18.769 millones.
La mayor parte de estos recursos, cerca del 77 %, se destinó a honorarios de personal, logística, tiquetes, alojamientos, viáticos y organización de eventos. Esto representa alrededor de 15.790 millones de pesos.
El problema, según la cartera, radica en que estos gastos no estarían respaldados con resultados tangibles que justifiquen la inversión.
Un aspecto que llamó particularmente la atención de los auditores es la concentración del gasto en un periodo corto. A pesar de que el contrato tuvo una duración de seis años, gran parte del dinero se habría ejecutado en solo dos: 2020 y 2021, con montos de 3.935 millones y 6.140 millones de pesos, respectivamente.
La postura del Gobierno
En un documento interno, el Ministerio de Ciencia dejó clara su posición: el gasto no equivale a ejecución. Bajo este argumento, se exhorta a AvanCiencia a reintegrar la totalidad de los recursos que no cuentan con soporte verificable.
“Gastar no es sinónimo de ejecutar”, señala el documento, en el que además se advierte que, de no cumplirse con la devolución, se acudiría a instancias judiciales para determinar responsabilidades.
Esta decisión se enmarca en una política más amplia del Gobierno de reforzar los controles sobre el uso de recursos públicos, especialmente en sectores estratégicos como la ciencia y la innovación.
La defensa de AvanCiencia
Antes de que se hiciera pública la postura oficial del Ministerio, desde AvanCiencia se había manifestado que la ejecución del contrato se realizó conforme a la normativa vigente.
Según fuentes cercanas al contratista, la organización sostiene que cuenta con los soportes necesarios y que estos serían presentados formalmente ante la cartera en diciembre de 2025.
Este desacuerdo anticipa un escenario de confrontación legal, en el que será clave la valoración de pruebas y el análisis técnico de los documentos aportados por ambas partes.
Un caso que podría terminar en tribunales
Dado el monto involucrado y la complejidad del caso, todo apunta a que la disputa podría terminar en manos de un juez de la República.
De ser así, el proceso no solo definirá la eventual devolución de los recursos, sino que también podría sentar un precedente en materia de control fiscal y contratación en el sector científico.
Mientras tanto, el caso genera inquietud en la comunidad académica y en el ecosistema de investigación del país, que observa con atención el desenlace de esta controversia.
La decisión final tendrá implicaciones tanto para la gestión de recursos públicos como para la confianza en las instituciones encargadas de promover el desarrollo científico en Colombia.
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