Petro trasladaría $25 billones a Colpensiones: alerta por posible uso presupuestal
El Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó un proyecto de decreto que propone trasladar más de 25 billones de pesos desde las cuentas de ahorro individual administradas por los fondos privados hacia Colpensiones, la entidad pública encargada del régimen de prima media. La iniciativa ha generado una fuerte reacción del gremio de administradoras privadas, que advierte sobre los riesgos que podrían enfrentar los recursos de los afiliados.
La alerta fue encendida por Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien aseguró que la propuesta normativa permitiría trasladar a Colpensiones los recursos correspondientes a trabajadores que se acogieron a la denominada “ventana de oportunidad” creada en la reforma pensional.
El origen de los recursos
Los dineros en cuestión pertenecen a afiliados que decidieron cambiarse de régimen pensional tras la aprobación de la Ley 2381 de 2024. En particular, el artículo 76 de dicha ley permitió abrir una ventana temporal para que los trabajadores pudieran trasladarse entre el régimen privado de ahorro individual y el régimen público.
Aunque la reforma fue suspendida parcialmente por la Corte Constitucional, ese artículo quedó exceptuado de la suspensión, lo que permitió que miles de afiliados aprovecharan el periodo extraordinario de traslado.
Según cifras del gremio, los recursos acumulados por estos afiliados superan los 25 billones de pesos y actualmente están en las cuentas individuales administradas por las AFP.
¿Qué plantea el proyecto del Ministerio de Trabajo?
El Ministerio del Trabajo publicó el proyecto de decreto que establecería el mecanismo para trasladar estos recursos a Colpensiones. La discusión gira en torno al destino y manejo de ese dinero una vez ingrese a la entidad pública.
Velasco subraya que la norma original es clara en señalar que esos recursos deben permanecer ahorrados y solo trasladarse al fondo de ahorro que administrará el Banco de la República cuando el afiliado alcance la edad de pensión.
Sin embargo, el fondo que será gestionado por el Emisor aún no está en funcionamiento. De hecho, el Banco de la República ha señalado que necesitará un tiempo prudencial, una vez haya un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma, para estructurar y poner en marcha ese mecanismo de administración.
El riesgo advertido: ¿ahorro o gasto?
El principal cuestionamiento del gremio privado es que, si los recursos son trasladados ahora a Colpensiones, podrían convertirse en recursos presupuestales disponibles para el Gobierno.
Según la advertencia de Asofondos, en la práctica el traslado podría liberar espacio fiscal por un monto equivalente, lo que abriría la puerta a que esos dineros terminen financiando gasto corriente u otras obligaciones estatales, en lugar de permanecer estrictamente como ahorro pensional.
El punto crítico es que, mientras no exista el fondo administrado por el Banco de la República, no habría una estructura independiente y blindada que garantice que los recursos conserven su naturaleza de ahorro individual.
Para el gremio, esto representa un riesgo grave para los afiliados que confiaron en que sus aportes seguirían un tratamiento técnico y separado del presupuesto nacional.
El contexto jurídico y la ventana de traslado
La llamada “ventana de oportunidad” quedó abierta luego de que la Corte Constitucional suspendiera otros apartes de la reforma pensional, pero mantuviera vigente la posibilidad de traslado entre regímenes por un periodo de dos años.
El Alto Tribunal argumentó que esta decisión busca proteger derechos adquiridos y brindar seguridad jurídica a los trabajadores, en medio de la incertidumbre que generó la suspensión parcial de la ley.
No obstante, el tema de los traslados ha sido históricamente uno de los más litigiosos en el sistema pensional colombiano. Miles de ciudadanos han acudido a la justicia alegando que tomaron decisiones sin contar con la doble asesoría obligatoria —un mecanismo diseñado para que el afiliado reciba información tanto del régimen público como del privado antes de cambiarse.
Un debate de alto impacto fiscal y social
El eventual traslado de más de 25 billones de pesos no es un asunto menor. Se trata de una cifra que tiene implicaciones fiscales significativas y que podría incidir en la sostenibilidad del sistema pensional en el mediano y largo plazo.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de armonizar la transición hacia el nuevo modelo pensional, el gremio privado insiste en que cualquier decisión debe garantizar la intangibilidad del ahorro de los trabajadores.
El debate apenas comienza y seguramente será objeto de revisión detallada tanto en el plano jurídico como en el económico. Lo que está en juego no es solo una cifra multimillonaria, sino la confianza de millones de afiliados en el manejo de sus recursos para la vejez.
En un escenario de alta sensibilidad fiscal y social, la lupa estará puesta sobre la reglamentación definitiva del decreto y, especialmente, sobre el pronunciamiento que emita la Corte Constitucional frente a la reforma. De ese fallo dependerá buena parte del rumbo que tome el sistema pensional colombiano en los próximos años.
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