Petro desata choque con alcaldes y gobernadores por impuesto predial

Un fuerte enfrentamiento político se desató en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro lanzara duras declaraciones contra alcaldes y gobernadores en medio de la creciente polémica por el aumento del impuesto predial, derivado de la actualización del catastro multipropósito.

Durante un consejo de ministros realizado en Ipiales, Nariño, el mandatario elevó el tono del debate al sugerir incluso la posibilidad de sanciones judiciales contra los mandatarios locales que no adopten medidas frente a esta problemática, lo que provocó una inmediata reacción de rechazo por parte de diferentes sectores políticos y administrativos del país.

Petro habla de cárcel y sanciones

En su intervención, Petro responsabilizó directamente a alcaldes y gobernadores por el incremento en los cobros del impuesto predial, que ha generado protestas, bloqueos y descontento ciudadano en varias regiones.

“Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, afirmó el presidente, aunque posteriormente aclaró que esa no sería una decisión directa suya, sino que correspondería a las autoridades competentes.

En ese sentido, anunció que buscará reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, para solicitar que se investigue y eventualmente se sancione a los mandatarios locales que no gestionen adecuadamente el impacto del catastro en los territorios.

Horas antes, el jefe de Estado ya había generado controversia al afirmar que los alcaldes que no impulsen iniciativas relacionadas con el tema podrían ser removidos de sus cargos. Estas palabras encendieron las alarmas en distintos sectores, que consideran que dichas afirmaciones desconocen la autonomía territorial consagrada en la Constitución.

Tensión directa con gobernadores

El presidente no solo habló en términos generales, sino que también hizo señalamientos puntuales. Uno de los casos más visibles fue el del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a quien Petro le lanzó una advertencia pública.

El mandatario nacional le pidió convocar a los alcaldes del departamento para concertar medidas sobre el impuesto predial en los concejos municipales. Sin embargo, la respuesta del gobernador no se hizo esperar.

“¿Advertido de qué, señor presidente? Sea claro”, cuestionó Díaz, quien además rechazó cualquier insinuación de promover protestas o vías de hecho, marcando así un tono de confrontación directa entre el nivel nacional y regional.

Rechazo institucional y llamado al respeto

Las declaraciones del presidente generaron un pronunciamiento conjunto de organizaciones clave como la Federación Nacional de Departamentos (FND) y Asocapitales, que representan a gobernadores y alcaldes de ciudades principales, respectivamente.

Ambas entidades hicieron un llamado a la responsabilidad institucional, advirtiendo que el lenguaje utilizado por el mandatario podría afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático.

“En una democracia constitucional, ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas”, señalaron desde Asocapitales, subrayando la importancia de respetar los canales legales y la autonomía de los entes territoriales.

El trasfondo: el impuesto predial y el catastro

La raíz del conflicto está en el incremento del impuesto predial, que en algunos casos ha sido significativo debido a la actualización del catastro multipropósito, una política impulsada por el Gobierno nacional para modernizar la información sobre la propiedad rural y urbana.

Sin embargo, aunque la actualización catastral es responsabilidad de entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la fijación de tarifas del predial recae en los concejos municipales, lo que ha generado una discusión sobre quién tiene la responsabilidad directa en los aumentos.

Este escenario ha provocado protestas en varias regiones del país, donde ciudadanos han salido a las calles a manifestar su inconformidad por los altos cobros.

Declaraciones que aumentan la polémica

A la controversia se sumaron las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sugirió que las protestas ciudadanas deberían dirigirse contra los alcaldes, al considerar que ellos tienen incidencia en el porcentaje final del impuesto.

Estas palabras también generaron críticas, ya que varios sectores consideran que el Gobierno nacional tiene responsabilidad en la implementación del modelo catastral que ha derivado en estos incrementos.

Un debate que escala políticamente

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los mandatarios territoriales pone en evidencia una tensión estructural sobre la distribución de competencias en Colombia, especialmente en temas fiscales y de orden público.

Mientras el presidente insiste en que los alcaldes deben asumir su rol frente al impacto del predial, los mandatarios locales defienden su autonomía y rechazan lo que consideran una intromisión del poder central.

El desarrollo de esta controversia será clave en los próximos días, especialmente si se concretan las acciones anunciadas ante la Procuraduría o si se intensifican las movilizaciones ciudadanas.

Por ahora, el país presencia un nuevo episodio de confrontación política que podría tener implicaciones tanto jurídicas como institucionales en el manejo de las relaciones entre el Gobierno nacional y las regiones.

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